Es sencillamente absurdo que el país invierta cientos de millones de dólares en el saneamiento de nuestra bahía y el gobierno adopte medidas que relajan las normas relacionadas con el manejo de las aguas residuales industriales, para ahorrarles “gastos innecesarios a las empresas”. Según una iniciativa aún no aprobada, pero que bien puede sorprendernos un día cercano, se permitiría una mayor concentración de compuestos y elementos tóxicos vertidos al ambiente. Lo anterior sería resultado de disminuir la cantidad de químicos utilizados por las empresas para tratar el agua. La propuesta oficial, denominada “Medio ambiente y protección de la salud”, es un irónico contrasentido, según organizaciones ecologistas. Lejos de salvaguardar el ambiente y a los humanos, implicará riesgos para nuestra salud. Con razón, representantes de los grupos aludidos afirman que, una vez más, el gobierno soslaya la consulta a la sociedad civil, cubriéndose las espaldas con criterio único de instituciones y “expertos” del Estado. En consecuencia, es apremiante que se proceda con la responsabilidad y la previsión que amerita un asunto de tal importancia.