La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se ha establecido como prioridad de su agenda –para la legislatura en curso– el prohijamiento de una ley que salvaguarde a los honorables de la acción de la justicia ordinaria y lleve el tratamiento de toda denuncia en su contra a la Corte Suprema de Justicia. Suena bien, pero no huele tanto.
Nadie es tan ingenuo como para imaginar que los señores diputados han alcanzado tal arrebato de decoro que, sabiéndose al margen de cualquier sospecha, no tienen temor alguno de someterse a la máxima instancia de justicia del país. Según la propuesta, la Corte tendría un máximo de 4 meses y 20 días, prorrogables, para dictaminar sobre cada caso.
Vaya con el caramelo, cuando en verdad se trata de ahorrar a los acusados la vergüenza de acudir a tribunales distintos a los del Gil Ponce, si es que algún día llegan. Sin contar con que la benemérita no se caracteriza por su diligencia, como no sea la de archivar, para consagrar el olvido sobre lo humano y lo divino. Que nadie se engañe: lejos de ayudar a la justicia, el blindaje a los honorables vendrá a consagrar, aun más, la impunidad.