Bien administrados, con objetivos y plazos definidos, los subsidios sirven para fomentar la producción de sectores prioritarios a los que el mercado ha dejado de ofrecer incentivos. Permiten garantizar la disponibilidad de servicios básicos a grupos de la población cuyos ingresos no les alcanzan para acceder a ellos. Y ayudan a amortiguar sobresaltos económicos producto de factores coyunturales, como guerras o desastres naturales.
En cambio, cuando se otorgan como caramelos para endulzar a las masas, cimentan el clientelismo; y cuando se dan para garantizarles ganancias a las empresas de los amigos, contribuyen a la injusta distribución de la riqueza y perpetúan la ineficiencia. Y es que si los precios se mantienen artificialmente bajos, ni los consumidores ven la conveniencia de moderar sus hábitos ni los productores sienten la necesidad de ser competitivos. En vista de lo anterior, urge exigir prudencia a quienes tienen la potestad de aprobar subsidios; y, al mismo tiempo, recordarles a los que se benefician de ellos que, más temprano que tarde, estos se convertirán en una carga financiera que el Estado terminará colocando sobre los hombros de los contribuyentes.