Hoy por Hoy 2002/02/04

Argentina, agobiada por la corrupción, la irresponsabilidad y la incompetencia de sus gobiernos, añade a sus terribles problemas económicos una crisis institucional gravísima. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las normas que restringieron el retiro de los depósitos bancarios, que los argentinos han denominado “el corralito”, porque efectivamente es un cerco financiero que impide al depositante bancario utilizar libremente sus recursos. La situación es clara: los bancos no disponen de la liquidez necesaria para hacer frente a los retiros bancarios. Ante la decisión de la Corte Suprema, el Ejecutivo pretende usar su transitoria mayoría legislativa para enjuiciar y remover a los magistrados responsables de la decisión. Las consecuencias de esa remoción –si es que la obtienen– no aclara el panorama, porque se trata de un fallo final y de obligatorio cumplimiento que no puede modificarse posteriormente. Por otra parte, los depositantes, urgidos por su dinero, protestarán por todos los medios posibles para que se mantenga la decisión de inconstitucionalidad. Es una receta para el desastre, que afectaría a todo el llamado Cono Sur y a muchos otros países que tienen relaciones financieras y comerciales con Argentina. Peor aún, los militares argentinos, por naturaleza inclinados a los golpes de Estado, podrían sentirse tentados a resolver el asunto a su manera: a lo bruto.