Hoy por Hoy 2002/02/06

Los magistrados y, en general, todos los que administran justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, solo deben expresarse en sus fallos. Esa es la costumbre en la tradición jurídica sajona y la romana, porque de lo contrario podrían prejuzgarse asuntos que posteriormente deben resolverse en los tribunales, u opinar sobre cuestiones de naturaleza política, inmiscuyéndose en materias que le están vedadas. Ser magistrado o juez impone limitaciones obligantes, dada la delicada naturaleza de las funciones que ejercen. Por eso, muchos juristas, incluso el presidente del Colegio Nacional de Abogados, han criticado al magistrado Alberto Cigarruista, quien se presentó en La Villa de Los Santos para opinar sobre el proyecto de una terminal de transporte que se construye con una partida circuital del ex legislador. Ello es responsabilidad del suplente que lo reemplazó como legislador y, en modo alguno, tarea propia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tal vez lo mejor sea que el pleno de la Corte adopte un código de conducta aplicable a magistrados y jueces, que defina claramente cuáles son sus limitaciones en esta materia. Quien no las cumpla, debe ser sancionado, y si no las acepta, solo le queda un camino: renunciar, para así tener libertad para opinar sobre lo que le venga en gana.