Hoy por Hoy 2002/02/07

En declaraciones que solo pueden calificarse de imprudentes, el gerente de la Zona Libre de Colón ha dicho que el contrato ley que aprueba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) tiene que cumplirse, porque es ley de la República. El argumento, teóricamente válido, es ridículo por las circunstancias que rodearon la aprobación del tristemente célebre contrato ley, pero además, el gerente debe saber perfectamente bien que hace muchos años la Asamblea aprobó y el Ejecutivo sancionó la ley de Colón, Puerto Libre. No se ejecutó, y tampoco se ha derogado. Las leyes en Panamá son una farsa selectiva: se las acata cuando conviene, y cuando no, se ignoran. La ley del CEMIS está cuestionada ahora, más que por su contenido, por los métodos que –según afirman– se utilizaron para aprobarla en la Asamblea Legislativa. Como muchos organismos profesionales, gremiales y cívicos han solicitado, los efectos de esa ley deben suspenderse hasta que terminen las investigaciones sobre la densa red de acusaciones recíprocas entre legisladores, funcionarios del Ejecutivo y miembros de la familia Rodin, principales promotores del proyecto. El método importa poco: la Asamblea puede hacerlo, y también podría disponerlo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, si se interpone un recurso de nulidad por vicios del consentimiento. Peor sería dejar que se desarrollara el proyecto, para después decidir que lo hecho ha de terminar desecho.