Hoy por Hoy 2002/04/22

La ley de libre acceso a la información pública no ha tenido, en muchos casos, los efectos que se esperaban. Hay una especie de reticencia en la burocracia oficial a romper con la tradición de secretismo de todos los gobiernos. Algunos argumentan que la ley debe ser reglamentada antes de ser aplicada y otros piden prórrogas porque consideran el tiempo insuficiente para ubicar y suministrar las informaciones solicitadas. Salvo algunas dependencias oficiales que sí cumplen con lo dispuesto por la ley, las demás o no proporcionan las informaciones o las suministran tardíamente. Ante tan lamentable situación, sería oportuno que la presidenta de la República ordene a los integrantes de su gobierno, cumplir estrictamente con los términos de la ley por ella sancionada, sin recurrir a subterfugios de naturaleza alguna. Con el mismo criterio deben actuar los tribunales superiores y el pleno de la Corte Suprema de Justicia en la tramitación y decisión de los recursos de hábeas data y, llegado el caso, en la imposición de las sanciones por desacato previstas en la ley. Solo de esa manera los funcionarios cumplirán con las responsabilidades que la ley les impone. Dura lex, sed lex.