Hoy por Hoy 2002/08/24

La designación de Winston Spadafora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha sido criticada por muchas razones. La principal de ellas es su relación especial con la presidenta de la República, lo que, según sus adversarios, le quita independencia en los asuntos en los cuales el Organo Ejecutivo pudiera tener interés. Ahora le corresponde actuar como ponente en el recurso de nulidad que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo contra el decreto ejecutivo que reglamentó la ley de libre acceso a la información pública, ignorando su letra y su espíritu. Es una verdadera vergüenza que esa ley, aprobada en la Asamblea Legislativa, sin consideraciones partidistas, que fue sancionada y promulgada por la presidenta de la República y elogiada por muchas organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad y los derechos humanos, termine anulada, inconstitucional e ilegalmente por un decreto reglamentario, jerárquicamente inferior a una ley de la República. Es la ocasión ideal para que el magistrado ponente demuestre su independencia, haga justicia y restaure el derecho. Haciéndolo, ganará el reconocimiento ciudadano y el respeto nacional e internacional. De lo contrario, el comentario, dentro y fuera del país, será My name is Panama.