Integrar la directiva de la Asamblea Legislativa con legisladores que no han dado muestras de integridad y adhesión a la ética política, ensombrece más el panorama político. El país no se ha repuesto de la controvertida ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista, ni se han disipado las sospechas que surgieron en torno a las razones que llevaron a tres legisladores de oposición a votar a favor de unos nombramientos a todas luces inconvenientes para la administración de justicia, cuando ya empieza a confirmarse lo que se temía: los intereses partidistas y el capricho de sus personeros prevalecen sobre las instituciones y el balance que debe haber entre los órganos de Gobierno. Vano resulta cualquier intento de atribuirle a la casualidad que uno de los legisladores cuestionados haya sido ungido ahora por el Gobierno para presidir la Asamblea Legislativa, y que otro haya sido premiado con la poderosa Comisión de Presupuesto. Y más preocupante aún es que fuera el magistrado Spadafora quien congelara la revocatoria de mandato del legislador Afú, lo que ha hecho posible el grotesco reparto de canonjías y la sublimación de la inmoralidad que estamos presenciando. Sufrimos una dolorosa experiencia cuando todos los poderes del Estado quedaron concentrados en una sola persona. Eso confirma que la restauración de la democracia no inmuniza contra ese peligro ni contra el ejercicio abusivo del poder.
Hoy por Hoy 2002/08/31
31 ago 2002 - 05:00 AM