Denunciar conspiraciones desestabilizadoras es un recurso del que invariablemente echan mano todos los gobiernos. Las conspiraciones pueden darse. Y se dan. Cuando es acompañado de argumentos desvalidos, el recurso rebota de bumerán en las narices del denunciante. Atrincherarse en la defensa del Estado y esperar de la sociedad nacional un alineamiento ciego con la administración, conlleva el riesgo de someter al Gobierno a una prueba de credibilidad en la opinión ciudadana. La exposición de la denuncia exige, de manera proporcional, un cúmulo de elementos que den cuerpo irrefutable a la conspiración que supuestamente se devela. Además de la fuerza probatoria de lo revelado, los antecedentes del denunciante marcarán la diferencia entre una identificación con los propósitos que éste persigue, y un amplio beneficio de la duda en favor de los presuntos conspiradores. El que estos no disfruten tampoco de credibilidad a prueba de cuestionamientos, será otra cosa. Dada la gravedad de lo que subyace en el caso, entonces que se investigue a fondo. Que la entidad correspondiente –Ministerio Público– lo haga con independencia y de la manera diligente que la ya golpeada institucionalidad del país reclama. Y recordar que comparecer ante el juicio público es más asunto de credibilidad que de temeridad.