Hoy por Hoy 2003/01/30

Cuando estalló hace un año el escándalo del CEMIS, un clamor ciudadano demandó el desarrollo de una investigación rigurosa por parte del Ministerio Público que identificase a los responsables de los supuestos delitos denunciados. Conmocionó a la nación la imagen del legislador mostrando frente a las cámaras de televisión los fajos de billetes de 20 dólares que, según él, le fueron entregados como compensación a su voto favorable en la Asamblea Legislativa al contrato ley del CEMIS. La denuncia era una especie de llave de la caja de Pandora de los actos de una influyente parte de la clase política nacional. Pocas veces –y es posible que no vuelva a ocurrir– el Ministerio Público ha contado con un testimonio tan contundente para armar un sumario que fuese pionero en la represión de la lacra de la corrupción. El Ministerio Público optó por unir en un expediente las dos investigaciones: las denuncias del pago a legisladores tanto para la aprobación del CEMIS como para la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema que habían sido nombrados por el Ejecutivo. La procuradora encargada admite que lo primero se investigó mal y lo segundo, que en el expediente reúne unos pocos folios, ni siquiera fue profundizado. Es lamentable que una instancia estatal con tanta responsabilidad haya dejado evaporar una investigación, que todo apunta a que quedará en nada. Mientras se combata la corrupción de esa manera, el progreso escaseará en la nación. Con el caso CEMIS-magistrados, la justicia panameña contabiliza una deuda pesada adicional con la sociedad.