Hoy por Hoy 2003/02/13

El Canal de Panamá constituye “un patrimonio inalienable de la Nación”, reza la Constitución Política. Si bien funciona como una empresa oficial, según el precepto constitucional, su administración es diferente al resto del Estado. Por su historia, por su complejidad, por su significado, el Canal es una empresa sui géneris, excepcional. Por esa razón, se desprende de la Carta Política que las finanzas canaleras se manejan separadamente del resto del Estado, incluso con un presupuesto y un periodo fiscal distintos. Se pretendió preservar el Canal tanto de la voracidad de la politiquería criolla como del colapso de buena parte de la administración pública. Es inverosímil, por tanto, que el Gobierno emplee las finanzas canaleras como “limpión” en su afán de ocultar el déficit público, que ha sobrepasado el 2%, con lo que se ha violado la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ha sido irresponsable en su incompetente intento, en las apariencias, de atender esa legislación. Con la famosa consolidación, el Gobierno ha puesto en peligro el propósito manifiesto de la ACP de obtener el grado de inversión ante las calificadoras internacionales de riesgo, que sería superior al del resto del Estado, y demostraría la solvencia crediticia de esa empresa estatal para el financiamiento de la indispensable modernización y eventual expansión de la vía acuática. El Gobierno debe hacer un alto a su aventura contable y comprometerse con el futuro del Canal con la simple medida de preservarle su autonomía financiera.