Una misma causa ha provocado efectos corrosivos tanto sobre la actividad económica y social como sobre la representación política del país. Se trata de la corrupción, una práctica extendida que ha llevado a que muchos funcionarios orienten sus conductas privilegiando sus intereses personales y perjudicando al conjunto de la población. La falta de transparencia y la existencia de una cadena de complicidad han facilitado la comisión de este tipo de hechos, y la misma corrupción explica el alto nivel de ineficiencia en el uso de los fondos públicos. A pesar de la magnitud del problema, la mayoría de las denuncias suele quedar sin esclarecer. La inoperancia de la oficina adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas con facultades para investigar e indagar actos de corrupción refleja la poca importancia que le da el gobierno al tema. Además, la ineficacia del Ministerio Público en llevar a la cárcel a algunos de los tantos corruptos que ocupan puestos públicos agrava tremendamente la situación. En Chile, para poner un ejemplo, cinco legisladores han sido recientemente desaforados por actos de corrupción, y de ellos tres fueron a dar a prisión. Pero, aquí, donde las denuncias suelen encontrar oídos sordos, todos se pasean por palacios y pasillos haciendo gala de inmunidad. Nuestra sociedad espera que la justicia y el Gobierno asuman seriamente su responsabilidad, ya que la corrupción es un flagelo que sigue teniendo un efecto dañino sobre las instituciones y sobre sus funcionarios.
Hoy por Hoy 2003/02/24
24 feb 2003 - 05:00 AM