Nuevamente los incendios forestales en el interior del país dejan como balance cientos de hectáreas de bosques, pastos y llanos quemados, la flora y la fauna arrasadas, y la población afectada por el siniestro. Además vuelve a quedar en evidencia la incapacidad del gobierno y las instituciones responsables que tienen a su cargo la protección de los recursos naturales y ambientales, para responder eficazmente en casos de emergencia o catástrofe. A medida que transcurren los días de la temporada seca y el ambiente se hace más propenso a la ignición de los focos de incendio, los funcionarios respectivos deben ir deslindando responsabilidades y ofrecer a la sociedad la imagen de un país donde se protege y se ama a la naturaleza. Los fuegos y quemas vuelven a dejar en deuda a las políticas de preservación ambiental. Resulta a todas luces objetable que quienes tienen la responsabilidad gubernamental en la materia ubiquen la entidad del problema en el terreno del azar o la irresponsabilidad de la población. Su función no es solamente explicar por qué ocurren las quemas naturales sino prevenirlas o, en su defecto, atenuar y controlar sus efectos más destructivos.