La omisión domina la política del Estado panameño para garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. Bajo ese “laisez-faire” oficial actúan ciudadanos irresponsables que niegan su paternidad. Esa falta de reconocimiento legal paterno muestra un crecimiento acelerado. Se calcula que 100 mil menores se encuentran en esa situación, y que cada año se suman, como mínimo, 9 mil. En un país con una población que ni siquiera suma los 3 millones de habitantes, estas cifras son dramáticas, sobre todo por sus implicaciones sociales, legales y humanas. La alta tasa de no reconocimiento paterno -sumada a la de aquellos padres que desatienden el cuidado de sus hijos menores- afecta la raíz de la sociedad y compromete el futuro de la nación. Los menores requieren de una protección especial que les garantice sus derechos para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social. Ni el reconocimiento ni las pensiones alimenticias son un castigo para los padres: se trata de una obligación elemental que deben asumir. La iniciativa legislativa que busca asegurar el reconocimiento de la paternidad, vía administrativa, debe ser sancionada y promulgada por el Ejecutivo, y no correr la suerte del primer intento. Esa ley, cuando se aplique, contribuirá con la protección y seguridad moral y material de miles de niños que hoy sufren del abandono de uno de sus progenitores.