Hoy por Hoy 2003/04/13

Es indudable que la Corte Suprema de Justicia debe ponerse a la cabeza de un proceso de adecuación a las necesidades de la ciudadanía. No puede desentenderse ni de la ineficiencia que suele reinar en los juzgados, ni mucho menos de los actos de corrupción que con frecuencia son mencionados en voz baja. La caída de la eficacia, la creciente lentitud y la dificultad de asimilar y canalizar la nueva generación de derechos erosionan la credibilidad de la justicia. La manipulación política de muchas decisiones judiciales, los escándalos protagonizados por diversos magistrados o los delitos cometidos por otros siguen, por su lado, dañando gravemente la confianza de la ciudadanía en una institución básica para la existencia de un estado de derecho. En este contexto, es irrazonable que los integrantes de la Corte se mantengan pasivos e indiferentes ante el incumplimiento de la ley en el ámbito encargado de velar por su respeto. Como muestra de independencia, los magistrados deben renovar las prácticas judiciales, controlar internamente la eficiencia y, sobre todo, velar por el correcto desenvolvimiento de los servidores de la ley. De lo contrario, no hay milagros de reingeniería que puedan restaurar la confianza de la ciudadanía en la ley.