Hoy por Hoy 2003/04/25

Hasta donde la memoria alcanza, la mayor crisis a que ha tenido que hacer frente este gobierno fue en la que se produjo en Paya y Púcuru, en Darién, a mediados de enero del presente año. Se trataba de un grupo llamado Autodefensas Campesinas de Urabá, que entró armado a territorio nacional y cometió graves delitos contra los bienes y las personas. A pesar de la seriedad del asunto y de sus implicaciones internacionales, el Gobierno tardó varios días en tener presencia en el área de conflicto, lo que contrasta enormemente con la sobrerreacción que demostró con los periodistas que querían investigar los misterios de Punta Mala. ¿Por qué la diferencia de tratamiento? En el primer caso se trató de violación de fronteras, alteraciones del orden público y secuestro de periodistas extranjeros. En el segundo, eran periodistas nacionales, armados con grabadoras, cámaras fotográficas y un enorme deseo por averiguar la verdad y las razones para mantenerla oculta, cuando la ley impone la obligación de divulgarla. Lo ocurrido es sencillamente aberrante, políticamente inaceptable y contrario al más elemental sentido común. Que no se diga ahora que falta por demostrar un interés legítimo en la información. Se trata de bienes públicos, mantenidos con fondos igualmente públicos. Para conocerlos basta ser ciudadano o, simplemente, contribuyente. En esta materia no hay mejores títulos.