Hoy por Hoy 2003/06/02

Es un hecho público y notorio que la mayor parte de los altos funcionarios civiles y militares de pasados gobiernos, son aún propietarios de costosos bienes y valores imposibles de adquirir con sus niveles de sueldos y los otros ingresos de legítima procedencia que pudieran tener. Independientemente de las responsabilidades legales que les sean imputables por los delitos específicos que hicieron posible la adquisición de estos bienes, la legislación fiscal panameña estableció, desde hace muchos años, el aumento de patrimonio no justificado a través de las respectivas declaraciones de renta anual como una presunción de defraudación fiscal. En muchos casos, los opulentos ex funcionarios de la dictadura ni siquiera declaraban renta alguna y los únicos impuestos sobre la renta pagados son aquellos directamente descontados de sus sueldos. Así las cosas, existe el fundamento legal más que suficiente para que la Dirección General de Ingresos inicie de oficio la investigación de esos ex funcionarios, y determine, en cada caso, si existe aumento de patrimonio no justificado, y de haberlo, proceda a imponer las severas sanciones que la ley contempla. De ese modo, además de hacerse justicia tributaria, el fisco podría resarcirse en algo de lo mucho que esos ex funcionarios sustrajeron de los recursos del Estado.