Hoy por Hoy 2003/06/10

La historia de más de cien colombianos que fueron deportados en abril pasado pinta de cuerpo entero la tragedia de los desplazados por la violencia y la tradicional omisión y desidia de los Estados en la administración de los derechos de los pobladores de la región fronteriza. La mitad de ellos son jóvenes menores de edad. Huyéndole a la guerra en la vecina Colombia, poco a poco se fueron radicando en la comunidad panameña de Punusa, que, junto con Paya, fue escenario en enero pasado de un ataque cobarde a manos de un grupo irregular colombiano, durante el cual fueron torturados y asesinados cuatro dirigentes indígenas. Con el propósito de “limpiar” el área de supuestos rebeldes, el Gobierno panameño engañó a los desplazados, al hacerles firmar una repatriación voluntaria, que se convirtió en un retorno a la región colombiana de Urabá, de la cual huían. Según una investigación conjunta de las defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia, no le importó dejar en el abandono a niños a uno y otro lado de la frontera. Es un grave error que el Gobierno olvide que el Estado panameño es signatario de la Convención de Ginebra sobre Refugiados y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.