Hoy por Hoy 2003/06/24

La casa de Punta Mala era ya un lugar histórico cuando su actual ocupante decidió disponer de él. Pero el sitio que, por su ubicación estratégica, expropió el ejército de Estados Unidos, en este gobierno ha cobrado nueva fama. Lo que debió constituir un acto de reivindicación a la fe de la población en algunas de las instituciones, se ha convertido en otro capítulo de burla a la transparencia y al respeto a los contribuyentes. Cuando la presidenta decidió hacer de Punta Mala su lugar de descanso, vedó a los ciudadanos el conocimiento del origen de los fondos con los que hacía realidad su casa de playa, en una propiedad del Estado, no de ella. Ahora, cuando un importante sector de la sociedad hubiera querido ver ese bien utilizado con propósitos más edificantes o vendido mediante un acto público incuestionable, se ha montado una farsa diseñada para ahuyentar a postores en lugar de invitar a la participación en igualdad de condiciones. La venta de la casona de Punta Mala, conforme ha sido planeada por el MEF, se hace en abierto desafío a la ley de contrataciones públicas. Su avalúo es de dudosa legitimidad y todo ello más bien parece responder a asegurar que sólo la adquiera alguien que se crea lo suficientemente por encima de la ley como para que, después de consumado el acto, no tenga que enfrentar sus consecuencias.