Hoy por Hoy 2003/07/09

No hay un instrumento legal más vilipendiado por la administración de la presidenta Mireya Mos coso que la Ley de Transparencia, que establece normas para el acceso expedito de los ciuda danos a la información pública. Es una legislación que en el fondo trata de frenar las triquiñuelas y actos de corrupción que acaecen en el ámbito oficial. ¿Por qué le teme tanto el Gobierno a la transparencia? Primero se decretó un reglamento sin pie ni cabeza que guillotinó la Ley que, con una sencillez que espanta, ni ordena ni requiere de normas adicionales para su cumplimiento. El bendito reglamento fue suscrito con la finalidad de castrar cualquier efecto de una legislación mo derna sobre el manejo que corresponde a todo aquello que es público. Para atizar el fuego del desatino, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) y otras entidades, con todo desparpajo y sin nin guna consideración con el ciudadano, cobran un precio prohibitivo y por encima del valor de mer cado, por las fotocopias de documentos públicos, con lo que obstaculizan aún más el acceso a esa información. Son centenares de dólares los que deben ser desembolsados por el interesado cuan do necesita adquirir copias de informes y archivos voluminosos. Con posiciones que demuestran un atraso político, el Gobierno se arma de distintos mecanismos para ocultarle información oficial a la población y sobre todo le cierra la posibilidad a los más necesitados, que dice defender, a ejercer su derecho de ciudadanía. Las tarifas deben incluir solamente los costos de la reproducción de los documentos y no convertirse en una tasa más, en apariencia disfrazada. Es una odiosa y abusiva práctica del gobierno Moscoso, que se ha ganado el deshonroso mote de anti-transparente.