Hoy por Hoy 2003/07/28

La declaración jurada de patrimonio que, por mandato constitucional, presentan los altos funcionarios del Estado, no es un documento confidencial para abultar los gaveteros oficiales. Con el carácter de información pública de ese tipo de declaración concuerda el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido se han pronunciado la procuradora de la Administración y el defensor del Pueblo. La declaración jurada de patrimonio y la Ley de Transparencia son ramas del árbol que busca impedir el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y lograr de ellos una gestión proba. Los propios funcionarios, como ocurre en otros países, deben tomar la iniciativa de divulgar su declaración patrimonial, para que pueda ser cotejada por los ciudadanos, y no como sucede, que, al presentarse, reposa en un baúl bajo siete llaves. Si no es pública, entonces, ¿cómo se sabe sobre su veracidad o falsedad? La declaración patrimonial de los funcionarios hoy es letra muerta. Con la transparencia, ganaría sentido y ahogaría de alguna manera el desprestigio en que está sumido el sistema político.