En el primer tercio del siglo pasado se puso en boga en Europa, como conquista social, brindarle a la ciudadanía la seguridad social solidaria. Entre esas conquistas están los seguros sociales con carácter solidario intergeneracional, es decir la generación activa, la que está trabajando bajo condiciones sociales, culturales y económicas muy propias de su época, sostiene las jubilaciones de las generaciones anteriores que hicieron su labor bajo muy diferentes condiciones a las actuales.
Este sistema funcionó durante un período de más o menos 70 años, ya que a medida que las generaciones pasadas iban alcanzando mejores oportunidades de educación, condiciones laborales y más desarrollados sistemas de salud, se lograba romper el techo de edad en el cual se habían basado los diferentes cálculos y por ello fue necesario ir haciendo los cada día más frecuentes ajustes de porcentajes de cuotas, de edad y de prestaciones. Si al hecho natural descrito anteriormente le agregamos el desarrollo de las economías mundiales a las cuales tenemos que adaptarnos, la falta de planificación y buena administración, la corrupción y la politiquería dentro del sistema, nos explicamos por qué el sistema no funcionó y no funcionará.
El principio de solidaridad es muy humano, es necesario para enaltecer a la especie humana y nunca debemos permitir que desaparezca en nuestras interrelaciones, pero también es cierto que hay que saberlo aplicar para que no se desvirtúe y pierda su valor intrínseco. La solidaridad la debe brindar toda la sociedad en su conjunto, y el Gobierno debe crear las estructuras fiscales y económicas propicias y equitativas para distribuir con justicia los recursos. Esa quizá fue la idea de principios del siglo pasado. Nos corresponde a nosotros crear un sistema en las circunstancias actuales, sin perder de vista que debe haber solidaridad, y también tener en mente que esta es real cuando hay algo material para distribuir.
Nuestro problema actual es que tenemos un sistema anacrónico que cada día se va hundiendo, y con ello arrastra hacia un abismo a la economía nacional con consecuencias sociales devastadoras. Tenemos, además, alrededor de 100 mil pensionados y jubilados, y varias decenas de miles de panameños listos para acogerse a ese derecho en los próximos años. Para este gran conglomerado no queda más salida que hacerle un reajuste al sistema para que sobreviva unos 15 años más y se extinga.
Ahora pasamos a ver cuáles pueden ser esos reajustes, pero antes de ello queremos ver que el peso de la justicia caiga sobre los que, con sus prácticas corruptas, han contribuido a que la economía del país se encuentre en el estado de pauperización en que está ahora. ¿Qué va a suceder con los siguientes temas?: Fundación Mar del Sur, Museo Tucán, partidas discrecionales, helicóptero HP-1430, durodólares, la exoneración de más de mil 200 millones de dólares (40% del déficit actuarial de la CSS) a empresas portuarias, el escándalo de Televisión Educativa, los préstamos e indemnizaciones del BDA, los permisos de importación del MIDA; queremos saber qué pasó en el FIS, que nadie lo menciona. Allí se originó el caso de la legisladora de Darién a la que le quitaron la curul. Todo Panamá sabe que ese no fue el único caso. Queremos una auditoría de todo lo actuado en esa institución que siempre ha manejado enorme cantidad de recursos. Si el bochornoso caso del CEMIS estancó un proyecto de enorme repercusión para Colón y fue cerrado por una Corte Suprema muy cuestionada y por razón de forma solamente, queremos que las nuevas autoridades pidan ampliación, o lo que sea, para que la ciudadanía a la cual se le está pidiendo sacrificios, sepa el verdadero fondo. Y mejor ponemos un etc.
Volviendo al tema, y suponiendo que nos hayan satisfecho el pedido anterior, estoy seguro que la mayoría del pueblo estaría de acuerdo en que se les cobre, cautele o embargue a todos los que han dejado de pagar las cuotas obrero-patronales retenidas, que se graven todos los emolumentos extrasalariales, incluyendo los contratos por servicios profesionales de funcionarios privados y estatales, que se ajuste la planilla de la CSS; el pueblo desea ver desde este momento que las diferentes prestaciones de la CSS estén mejorando, etc.
Hecho lo anterior, sin afectar a los que estén próximos a jubilarse, se puede aumentar la edad de jubilación a sectores de la economía cuyo esfuerzo físico no amerita una separación a los 57 ni a los 62 años, y se pueden equiparar las edades por género. Se debe estimular al trabajador productivo con una mejor pensión por cada año que trabajó después de la edad límite. Además de los mejores intereses bancarios obtenidos, los fondos de pensión de esa masa que va a quedar en el sistema hasta que este se extinga, deben ser segregados e invertidos a intereses competitivos en la industria de la construcción y el turismo. El resto de lo que se requiera para seguir sufragando las pensiones debe ser cubierto por el Estado, sin desmejorar la calidad de vida de esta parte del sistema en extinción. Esto sería solo un porcentaje del déficit actuarial actual.
A la masa laboral joven actual y a las venideras generaciones no podemos, de manera irresponsable, seguir descontándoles cuotas que con el sistema actual no se les van a devolver; hay que crear un nuevo sistema para que haya una pensión básica estatal para todos los ciudadanos (principio de solidaridad para todos), complementada con lo que aporte cada asalariado para su propia jubilación. Esto debe ir acompañado con la libertad ciudadana de escoger cuál es la oferta que más le conviene de cara a su futuro, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Seguros.
