El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Barack Obama, por el que Estados Unidos podrá utilizar siete bases militares en territorio colombiano, ha planteado una cuestión: ¿gozarán de inmunidad jurídica los militares estadounidenses que cometan delitos? La respuesta solo se ha ofrecido a medias por parte del Gobierno colombiano. El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, declaró a El Colombiano que Bogotá podrá solicitar que se levante la inmunidad “en los casos que considere”. Y añadió que esta inmunidad solo cobijará a los militares de Estados Unidos, no a los contratistas.
“No habrá jurisdicción norteamericana en territorio colombiano”, agregó Bermúdez. Los estadounidenses podrán ser juzgados por jueces norteamericanos en su Embajada y en sus consulados. Pero las palabras del ministro no han despejado las dudas de muchos colombianos, incluso de algunos que apoyan sin reparos el acuerdo militar con Washington. No se conoce la letra menuda de lo negociado y las preguntas persisten: ¿a qué tipo de delitos estará limitada la inmunidad de los soldados? Se ha dicho que será para casos de “extrema gravedad”, pero sin especificar cuáles.
La analista Laura Gil recuerda que Colombia debe tener la dignidad de exigir una cláusula estándar –vigente desde 1951– de inmunidad limitada, por la que los soldados estadounidenses en suelo extranjero solo se libran de ser juzgados por el país que los acoge cuando se trata de crímenes conectados con actos de servicio.
El tema del fuero militar es uno de los que despierta más inquietud en Colombia, el tercer país en la lista de los que reciben ayuda militar de Estados Unidos. Se espera que en virtud del acuerdo militar, que ha provocado inquietud en varios países latinoamericanos, los aviones, equipos y personal norteamericano empiecen a llegar en un mes.
El pasado miércoles, los senadores uribistas impidieron que la madre de una niña –hoy tiene 14 años– violada hace dos por militares estadounidenses contara su drama. Gustavo Petro, senador del opositor Polo Democrático Alternativo, expuso el caso: la madre denunció el caso ante la fiscalía y desde entonces le llueven las amenazas. “Intentaron asesinarlas hace poco”, denunció Petro, quien señaló también que los militares tenían un negocio de videos pornográficos. La madre y sus dos hijas huyeron de la población cercana a Bogotá donde ocurrieron los hechos. Los dos soldados regresaron a su país impunemente.
“En materia de inmunidad llegamos a algo mejor que lo pactado en el Plan Colombia”, dijo a este periódico la ex ministra de Relaciones Exteriores María Emma Mejía, miembro de la comisión asesora en este tema, que fue convocada por el Gobierno el pasado jueves para analizar la tensa situación que ha generado en la región el incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia. Según Mejía, la fiscalía colombiana colaborará en la investigación de los posibles procesos judiciales contra los uniformados extranjeros.
Desde 2000, con el Plan Colombia –inicialmente diseñado contra el tráfico de drogas y dos años después ampliado a la lucha contra la guerrilla– se estableció un tope de 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos que podían estar en suelo colombiano. El tope se mantendrá y Colombia tendrá control sobre el personal que trabaje en el país.
La mayoría de los sectores políticos y económicos del país apoya el acuerdo con Washington; sienten que el país no puede librar, sin la ayuda de Estados Unidos, la guerra contra las drogas. La voz disidente es la del izquierdista Polo. Este partido cree que el camino para luchar contra el narcotráfico no es la represión; está de acuerdo con la despenalización. Y creen que el Ejército está preparado para combatir a la guerrilla sin ayuda del exterior.