Todos tenemos reclamos contra la Organización de Estados Americanos (OEA). Las puntualizaciones abundan, pero entre las más fundamentadas están las siguientes: Su compromiso con la democracia ha sido más simbólico que real; múltiples trabas, burocráticas o políticas, limitan su eficacia; no ha podido escapar a la manipulación de gobiernos poco legítimos. En los últimos años, especialmente, el de Hugo Chávez; carece de fuerza para hacer valer muchas decisiones; y en el ámbito de las coyunturas, como reflejo de sus falencias estructurales, resultó en extremo ineficaz ante la crisis política hondureña.
Pero nada de lo anterior implica que la OEA carezca de importancia; tampoco, que todos sus males, disfunciones o errores sean responsabilidad del secretario general: el chileno José Miguel Insulza.
Al contrario, la organización mantiene gran relevancia para la estabilidad y democracia hemisféricas; la acción de la Secretaría General está limitada por las decisiones de los Estados y, dado el balance de fuerzas en su seno, Insulza luce como la mejor apuesta para dirigirla durante cuatro años más.
La escogencia del secretario general y su adjunto será el 24 de este mes, durante una asamblea extraordinaria que se celebrará en la sede de la organización. Hasta ahora, los únicos candidatos para ambos cargos son sus actuales responsables: Insulza y Albert R. Ramdin, de Surinam, quienes necesitan, como mínimo, 17 votos.
El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, ya ratificó el apoyo a su compatriota. Lo mismo han hecho Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Es una base sólida, a la que probablemente se sumen otros gobiernos importantes y responsables.
Sin embargo, todavía están abiertas incógnitas fundamentales, como Estados Unidos, los países de la Comunidad del Caribe y el llamado “bloque del Alba”, encabezado por Venezuela, junto a Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
El silencio de estos últimos parece, en esencia, un arma negociadora frente a Insulza. Le reclaman, sobre todo, su insistencia en procesos electorales limpios y su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acaba de emitir un informe fundadamente crítico sobre la situación venezolana.
Y probablemente le exijan, como “pago” de un eventual respaldo, una actitud más contemporizadora de cara a las elecciones para el Congreso venezolano (en septiembre), los ímpetus continuistas de Chávez y Daniel Ortega, y varias violaciones al estado de derecho en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Por esto, si los países democráticos que aún no lo han hecho anunciaran de una vez su apoyo a Insulza, debilitarían seriamente la capacidad manipuladora del Alba. Y si esto fuera acompañado de un compromiso a trabajar seriamente por reforzar la legitimidad y mejorar la eficacia del organismo, aún mejor.
La OEA no es solo su Consejo Permanente o su Asamblea General, ejes deliberativos de donde surgen algunas decisiones importantes, pero también toneladas de retórica vacía que debilitan su desempeño. La OEA es mucho más, sobre todo como rectora del Sistema Interamericano.
Por su independencia y solidez, la Corte y la Comisión de Derechos Humanos constituyen bastiones clave para la defensa de las garantías individuales y sociales en todo el hemisferio.
La Secretaría de Asuntos Políticos ha contribuido con la promoción de elecciones limpias y la gobernabilidad. La de Asuntos Jurídicos ha puesto en la mira la mejora de los poderes judiciales, ejes del Estado de Derecho. Y la relevancia de sus organismos especializados en salud, agricultura o niñez es indiscutible.
Desde 2001, a pesar de las violaciones, la Carta Democrática de las Américas ha sido una barrera simbólica y conceptual contra el despotismo.
En octubre del pasado año, mediante una “orden ejecutiva”, Insulza mejoró la estructura operativa de la Secretaría General y órganos adjuntos.
Tanto él como Ramdin saben que deben hacer mucho más. Su capacidad de acción dependerá, en buena medida, de los Estados miembros. Entre ellos, los más serios y democráticos deben tomar la iniciativa. La condición necesaria es su reelección.