Durante la última década, en la que los panameños hemos tenido más acceso a la información y a las estadísticas, hemos repetido hasta la saciedad que nuestro país es el que más dinero por habitante y mayor porcentaje del presupuesto general del Estado destina al sector de la educación en América Latina.
Los motivos políticos y económicos que concurren para que esto sea posible son varios, pero el principal es que nuestro país no cuenta con la enorme carga de mantener un ejército profesional, como es el caso en el resto de los países del área.
Esta acertada distribución de los recursos tendría que dar como resultado lógico que la deserción escolar en Panamá sea mínima y que el estudiante, una vez culmine sus estudios, se encuentre muy bien preparado académicamente. Sin embargo, es una realidad que la deserción escolar en nuestro país es muy similar a la del resto de la región y que la formación de los estudiantes no satisface los estándares y metas que todos deseamos.
Este año, alrededor de 24 mil personas que obtuvieron su título de educación secundaria, reconocido por el Ministerio de Educación, optaron por aplicar para su ingreso a la Universidad de Panamá. De ese total, solo 16 mil bachilleres aprobaron la primera prueba de admisión, lo que representa el 66%. Esta cifra tan elevada de fracasos en el primer examen nos permite vaticinar que luego de realizarse los próximos dos exámenes de admisión, tendríamos como resultado una cifra mucho más alta que el 46% de fracasos que se dio el año pasado, cifra que ya era de dimensiones preocupantes.
Hay que destacar que estos porcentajes se incrementarían considerablemente, si dichos exámenes se les hicieran a todos los estudiantes antes de entregarle el título secundario y no solo a los que se someten a los requisitos para ingresar a la Casa de Méndez Pereira.
Definitivamente sirvieron de poco todas las gestiones y recursos que se destinaron a la "mesa de educación" de la Concertación Nacional, el año pasado.
Los motivos por los que estos fracasos académicos son tan altos, a mi parecer no deberían ser atribuibles exclusivamente a los educadores, hay que señalar que en nuestro país durante los últimos tres años hemos pasado por igual número de huelgas que afectaron el normal desenvolvimiento del proceso educativo. La falta de liderazgo y coherencia que el gobierno actual le ha dado al manejo del sector educativo y magisterial han provocado, en gran medida, estas acciones de protesta. Ya, para mediados del mes de diciembre del año pasado, se mencionaba la posibilidad de no iniciar el año lectivo 2008 y declarar una nueva huelga, debido a que las autoridades del Ministerio de Educación, sin mediar consulta alguna, eliminarían varias materias del área humanística.
De más está decir que sobra el tiempo para evitar esa huelga, que tanto afectaría el aprendizaje y la formación de los estudiantes de los colegios públicos.
Las consecuencias sociales que esta enorme cantidad de fracasos conlleva son varias. Es oportuno destacar que a la Universidad de Panamá acuden, en su gran mayoría, personas de escasos recursos, que de no ser admitidos, no contarían con la opción de ingresar a las universidades privadas, en donde los únicos requisitos de ingreso son contar con un título de bachiller reconocido por el Ministerio de Educación, pagar la matrícula y la mensualidad al día.
Estos compatriotas de escasos recursos tienen esperanzas, sueños y sanas ambiciones, como todos los que vivimos en una sociedad capitalista y de consumo como la nuestra. Cerrarles la posibilidad de educarse y convertirse en profesionales productivos y de bien, no necesariamente eliminarían deseos tan válidos como generar suficiente dinero para ayudar a sus padres o darles a sus hijos los que ellos no tuvieron. El problema es que algún porcentaje de estos estudiantes tomaría el camino alterno: la delincuencia, que dicho sea de paso es un método más fácil y rápido para alcanzar las ambiciones, pero mucho más costoso para la sociedad en general y para sus familiares.