La campaña por el referéndum, las revueltas populares en Medio Oriente y el tsunami en Japón, han desviado la atención sobre algunos hechos inquietantes que se han producido alrededor de un conflicto legal de relevancia internacional, que se ventila en una modesta corte del oriente ecuatoriano.
Se trata del litigio que desde hace casi 20 años enfrenta a un grupo de habitantes de la Amazonia y al gigante petrolero Chevron, por los daños ambientales que habría provocado la empresa petrolera Texaco –adquirida luego por Chevronv– cuando explotó petróleo en aquella zona desde finales de la década de 1960, hasta comienzos de la década de 1990.
Durante la mayor parte de lo que algunos han calificado como el “juicio del siglo”, los demandantes mantuvieron una clara ventaja ante la opinión pública, gracias a una hábil utilización de la conciencia ambientalista internacional y de los sentimientos nacionalistas locales.
Esa estrategia, más política que jurídica, les ganó a los demandantes la simpatía de instituciones y de celebridades internacionales que entregaron apoyo económico a su causa y premiaron a algunos de sus patrocinadores, así como de la mayor parte de autoridades y líderes de opinión ecuatorianos, que cerraron filas contra la compañía.
En esas circunstancias, las probabilidades de que Chevron sea condenada en Ecuador y de que dicha condena sea ratificada en cortes internacionales, eran enormes. Los demandantes se alistaban para obtener un irrefutable –y jugoso– fallo a su favor, que sería calurosamente recibido dentro y fuera del país. Sin embargo, a lapuerta del horno se quemó el pan...
La publicación –por orden de una corte norteamericana– de videos editados del documental Crudo, del director Joe Berlinger, que trata el caso de la demanda contra Chevron en Ecuador, muestra de forma “cruda” al equipo legal de los demandantes coludiendo con peritos y funcionarios gubernamentales de alto nivel, para manipular evidencias, informes y fallos del sistema judicial ecuatoriano.
Lo registrado en estos videos generó suficiente preocupación como para que cortes norteamericanas y europeas hayan aceptado temporalmente recursos contra los fallos que se emitan en Ecuador sobre el caso. Una corte de Estados Unidos incluso empezó una investigación criminal sobre la actuación de abogados y firmas norteamericanas involucradas en la demanda contra Chevron.