WASHINGTON, D.C. - A pesar de ser la más salvaje selva política del planeta, Washington ha dado tres ejemplos esta semana de cual debe ser la relación entre ciudadanos, gobierno y la ley. Veo en ello algunas lecciones para Panamá.
Lo primero es el ejemplo que nos dejó la legendaria Rosa Parks, quien murió esta semana. Para toda la historia, Parks será recordada como la personificación del principio de que los ciudadanos honorables tienen el deber de desobedecer leyes injustas. En 1957, en el sur de Estados Unidos, la segregación racial era ley, y las leyes penales exigían que los negros se sentaran solamente en la parte trasera de los buses y estuvieran dispuestos a cederle sus asientos a los blancos. Que Parks tuviera la moral y la valentía de desobedecer esa ley, y que las autoridades del momento tuvieran la temeridad de arrestarla, fue la chispa que despertó el movimiento popular que acabó con las políticas estatales de segregación racial en Estados Unidos. Hoy día, no hay nadie en Estados Unidos que no reconozca que Parks estaba en lo correcto y que "la desobediencia civil" es un derecho que puede convertirse en deber.
Me acordé de Rosa Parks cuando leí las declaraciones que el Panamá América le atribuyó el mes pasado a Rogelio Cruz, abogado de Winston Spadafora, con referencia al uso que funcionarios públicos panameños dan a las leyes penales de calumnia e injuria. Cruz, según el Panamá América, "dijo, a nombre de su defendido, que la legislación panameña en materia de libertad de expresión tiene que ajustarse a la convención americana, pero mientras eso no ocurra, las leyes están vigentes y hay que aplicarlas". Lo que estas declaraciones revelan, a mi juicio, es que Cruz (un ex procurador de la República) y Spadafora (un magistrado de la Corte Suprema) tienen un concepto de "justicia" que no requiere que las leyes sean justas o que el Estado trate justamente a sus ciudadanos. Semejante mentalidad -empobrecida, obsoleta, anti-ciudadana--explica por qué todavía no tenemos justicia en el país, a quince años de la caída de la dictadura.
Eso hace un contraste interesante con la postulación de Harriet Miers para la Corte Suprema de Estados Unidos. Ante la enorme controversia que causó el nombramiento, ella se retiró de consideración el jueves, pero su caso ilustra dos cosas que pueden servirnos de ejemplo: Primero, que a ningún comentarista se le pasó por la mente temer que sus cuestionamientos a Miers -por duros, exagerados, o hasta infundados que fueran-- podrían exponerlo a la cárcel. Y segundo, que el proceso estadounidense de confirmación permite que el público examine a profundidad la trayectoria profesional, ideología judicial, capacidad intelectual, y rectitud personal del presunto magistrado. Esto es esencial porque diariamente vemos prueba de que la ley no puede sobreponerse a las limitaciones de quienes la interpretan y la ejecutan.
El viernes en la tarde hubo un evento sísmico en Washington que es el tercer ejemplo que quiero destacar hoy de como debe ser la relación entre ciudadanos, gobierno y la ley. Un fiscal posesionado de independencia absoluta anunció el encausamiento penal de Lewis Libby, asesor "mano derecha" del vicepresidente Richard Cheney (frecuentemente descrito en Washington como el más poderoso vicepresidente de la historia estadounidense) por presuntos crímenes que lo exponen a 30 años de prisión. Como en el famoso escándalo Watergate, el encausamiento confirma que el encubrimiento de actos oficiales indebidos es más serio que los actos iniciales en sí. Los hechos básicos son que se sospechaba que Libby y otros funcionarios de la Casa Blanca habían revelado ilegalmente el nombre de una agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), como represalia por críticas a la guerra en Irak que el esposo de la agente había publicado. Se hizo una investigación que ha llegado hasta las más altas esferas de la Casa Blanca y que aún no está completa.
El propio fiscal, Patrick Fitzgerald, explicó lo que debemos entender de estos hechos en una conferencia de prensa que paralizó a Washington el viernes. Dijo Fitzgerald: "Creo que lo que vemos aquí es que cuando un jefe de despacho de un vicepresidente es encausado por perjurio y obstrucción de la justicia, esto le muestra al mundo que este es un país que le otorga seriedad a la ley [y donde] todos sus ciudadanos están sometidos a la ley".
Es lo que queremos para Panamá: leyes justas, aplicadas justamente contra ciudadano y funcionario por igual.
