El pueblo venezolano ha sido, en épocas concretas de su historia, muy pacífico, conformista y desprevenido. Pero también han existido circunstancias que lo han llevado a ser extremadamente violento, guerrero y hasta temerario cuando los peligros lo ahogan y los valores fundamentales de su existencia son erosionados. El ciudadano común siente que la vida y los bienes están amenazados, que el derecho de propiedad ha desaparecido, que la educación de los hijos está siendo tomada por asalto, que la inseguridad es una política de Estado impulsada desde la Presidencia, que la libertad religiosa se reduce al mínimo, que no hay quien responda por las prestaciones más elementales en la salud y otros servicios públicos. La ineficacia es una de las características fundamentales del régimen, pues, además corrompidos, sus funcionarios son los corruptores por excelencia de esta República que se desmorona aceleradamente.
Venezuela vive en la actualidad sin ley y sin orden. La Constitución dejó de existir, el estado de derecho desapareció con ella y no quedan rastros de lo que antes significaba el principio de la legalidad, eje de la vida en común. En consecuencia, no hay forma de que se respete la dignidad de la persona humana, ni manera alguna de perfeccionar la sociedad civil y, por supuesto, mucho menos de alcanzar el bien común por la vía de una justicia social inexistente. Ese ciudadano común vive entre la incertidumbre, la rabia y el temor. Está solo, espantosamente solo e indefenso. Sin embargo, no se resigna a ser víctima por tiempo indeterminado de quienes pueden arrebatarle la vida, destrozar a su familia o empañar su fe en el destino superior del país. Se acerca la hora en que este pueblo pacífico y cívico tendrá que ejercer su derecho a la legítima defensa consagrada tanto en el texto constitucional que el régimen desconoce, como por el derecho natural que le asiste a resistirse a este socialismo comunistoide que mantiene a la nación confrontada consigo misma, dividida y en peligro.
Los dos recientes eventos de Unasur, la última reunión de la SIP en Caracas y las persecuciones, detenciones y allanamientos ocurridos hace pocos días ratifican cuanto digo. No exagero. La gente pide –cada cual a su manera– una dirigencia política y social capaz de empinarse por encima del electoralismo enfermizo, calculadamente extendido, asumiendo la responsabilidad de encabezar una verdadera cruzada de liberación nacional. Pero no hay, ni habrá, solución a ningún problema nacional o internacional, mientras este régimen exista. El presidente Hugo Chávez Frías no tiene capacidad de rectificación ni mucho menos propósito de enmienda. Está enfermo de tiranía. Necesita consolidar la dictadura a cualquier precio. Para ello tiene que sellar definitivamente el pacto de sangre que mantiene con las FARC, el narcoterrorismo, los gobiernos y organizaciones más subversivas del mundo y con los venezolanos que han venido entregando cuotas de dignidad a cambio de dinero e impunidad.