Los grupos de presión de la industria armamentística en Estados Unidos (EU) obstaculizan la guerra que libra el Gobierno mexicano contra los carteles del narcotráfico y que ya se ha saldado con más de 20 mil muertes en los últimos tres años. Así lo sostenía hace unos meses el presidente de México, Felipe Calderón. Según el presidente, funcionarios estadounidenses han denunciado oposición por parte de poderosos grupos de presión en el Congreso para evitar cualquier regulación en la venta de armas en ese país. El 90% de las armas de las bandas del narcotráfico procede de EU, la mayoría de forma legal, según el Gobierno mexicano.
Grupos como la Asociación Nacional del Rifle influyen en decisiones políticas y jurídicas como la más reciente de la Suprema Corte: las leyes estatales orientadas hacia la limitación o la prohibición de la venta de armas son inconstitucionales.
Los grupos de presión preocupan desde 1877, cuando la Constitución del estado de Georgia tipificaba como delito la actividad de los grupos de presión. En 1946, con Franklin D. Roosevelt como presidente, el Congreso aprobó el Federal Regulation of Lobbying Act para evitar una influencia desmedida de las industrias en pleno apogeo económico y político de EU tras la II Guerra Mundial.
Con su creciente poder, la industria armamentística influye en la política exterior y en la defensa, contra lo que advertía el presidente Dwight Eisenhower. Con la desmovilización militar tras el fin de la Guerra Fría y con arsenales de armas que sobraban, antiguos militares y magnates han encontrado un nuevo nicho de mercado a explotar: las empresas militares y de seguridad privadas, un poderoso grupo de presión vinculado al de la reconstrucción. La producción armamentística y los gastos de defensa se han mantenido e incluso han aumentado con la exageración de la amenaza terrorista y con la promoción de guerras “preventivas” en países con grandes reservas de materias primas.
El complejo militar industrial dona millones de dólares para sus campañas militares a los candidatos que cree idóneos para la promoción de sus intereses en política. Así lo ha hecho el fundador de la antigua Blackwater (ahora Xe Services).
Las empresas privadas con capacidad de influencia en política suelen actuar por medio de consultoras millonarias y de lobbyistas que seducen a políticos afines y los presionan para llevar adelante su agenda. En EU, muchas de estas consultoras y sus empresas afines se han relacionado a grupos con vinculaciones ideológicas y religiosas extremistas. El lobby israelí, de John Mearsheimer y Stephen Walt, documenta la influencia de una de estas ideologías en la política exterior de EU: la sionista. Entre las empresas que componen este grupo de presión están medios de comunicación, organizaciones, religiosas y culturales, industria armamentística, instituciones educativas, etc.
Además del sometimiento del poder político a los intereses privados, preocupa el papel cada vez menos relevante de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan: el cuidado del medioambiente, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos como establece la Carta de Naciones Unidas, la lucha contra el crimen organizado… La confianza por medio del voto se ve vulnerada cuando los políticos incumplen su programa por chocar con intereses privados que facilitan la permanencia en el “poder”. Pero el poder ha pasado a manos de los grupos de presión, lo que impide el control legítimo y la rendición de cuentas. No resulta casual que la gente muestre cada vez más desencanto por unos representantes que no los representan y que se han convertido en vasallos de los intereses privados. Por eso, muchas personas buscan nuevas formas de auténtica participación ciudadana. A eso se le llama democracia.