El 18 de agosto de 1959, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en Santiago de Chile, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el acta de creación se afirmó que “la armonía de las Repúblicas americanas solo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas”.
Durante este medio siglo, la defensa constante de los derechos humanos y del sistema democrático ha sido precisamente el eje central del trabajo de la CIDH.
Durante las primeras décadas, cuando gran parte de los países de la región estaban gobernados por dictaduras militares o gobiernos autoritarios, la CIDH fue la única alternativa para miles de personas que buscaban respuestas a las desapariciones, asesinatos y torturas de sus familiares y amigos.
Por ejemplo, la visita a Argentina en 1979 permitió poner freno a las graves violaciones a los derechos humanos y obligó a la dictadura a responder a las denuncias de la comisión ante el mundo entero. En la década de 1990, la visita a Perú durante el autoritarismo de Fujimori-Montesinos facilitó el camino para la transición a la democracia.
El aporte más importante que ha dado la CIDH a la región ha sido precisamente el fortalecimiento del sistema democrático, promoviendo dos pilares centrales del estado de derecho: justicia y libertad de expresión. En el primer caso, principalmente mediante el reconocimiento que las leyes de amnistía por violaciones a los derechos humanos son inaceptables. Las decisiones de la comisión en casos contra Argentina, Uruguay, El Salvador, Chile y Perú abrieron una puerta que ha permitido sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de los golpes de Estado y del asesinato y desaparición de miles de personas.
En el segundo caso, la amplia derogación en la región de las leyes que sancionan la crítica a funcionarios públicos –desacato– y la sanción de leyes de acceso a la información están contribuyendo a consolidar la democracia, a través de la crítica a las autoridades y la transparencia en el accionar de los gobernantes.
Asimismo, el trabajo de la Comisión con los gobiernos democráticos permitió lograr importantes avances, como la modificación de constituciones para evitar la censura previa, la sanción de leyes sobre justicia militar y violencia doméstica, la entrega de tierras a pueblos indígenas y la reapertura de casos para terminar con la impunidad por la brutalidad policial. En las próximas décadas la Comisión deberá responder aún a más desafíos, como son la pobreza, las consecuencias por la contaminación del medio ambiente, el impacto del calentamiento global sobre la vida y salud de las personas, entre otros.
Para los próximos 50 años la Comisión debe prepararse para responder tanto a estos nuevos desafíos como a aquellos que fueron el eje central del trabajo de la Comisión durante sus primeras décadas. La lección principal del año del cincuentenario es que a pesar de los nuevos desafíos, nuestros sistemas democráticos aún necesitan fortalecerse. El golpe de Estado en Honduras es un llamado de atención que no debemos ignorar. La democracia y los derechos políticos continúan siendo un aspecto central en la defensa de los derechos humanos.
Al celebrar este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, está claro que se han logrado significativos avances en estos 50 años. Pero la naturaleza misma de los derechos humanos nos obliga a renovar el espíritu existente en Santiago de Chile hace 50 años para continuar fortaleciendo nuestras democracias y, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria.