Hace unos meses, el nombramiento de Paul Herrling, directivo de la multinacional farmacéutica Novartis, como miembro de un grupo de expertos asesores de la OMS, fue objeto de crítica por parte de algunos países y ONG.
El comité del que forma parte es el encargado de definir cuáles son las estrategias que deben seguirse a la hora de investigar y desarrollar los tratamientos necesarios para las enfermedades que afectan a los países empobrecidos, poco rentables para el negocio de las farmacéuticas.
Las ONG que se oponían al nombramiento de Herrling, entre las que estaban Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam, alegaban que su participación en las reuniones del grupo de expertos podía desembocar en un conflicto de intereses.
La razón principal es que el científico suizo es también director del Fondo para la Investigación y Desarrollo de Enfermedades Olvidadas (FRIND, por sus siglas en inglés) de Novartis, una de las propuestas que la comisión va a evaluar.
“Si se le invita a él, debería invitarse a otros que también tienen programas que evaluar y financiar”, afirmaba el director de la Campaña para Medicamentos Esenciales de Médicos sin Fronteras. Quienes defendieron a Herrling aseguraban que su candidatura fue propuesta por Suiza con total transparencia y que la industria farmacéutica no puede quedar fuera del debate.
No era la primera vez que la OMS estaba en el punto de mira. En 2010 se cuestionó el resultado de los trabajos de un primer grupo de expertos encargado de este mismo asunto, la búsqueda de propuestas para la investigación de las llamadas “enfermedades desatendidas”. Según demuestran una serie de documentos revelados por Wikileaks, la Federación Internacional de Asociaciones de Industriales Farmacéuticos (IFPMA, en inglés) tuvo acceso a los informes del grupo de trabajo al menos cinco meses antes de que el informe con las conclusiones finales se presentase ante los Estados miembros de la OMS.
La influencia de la industria farmacéutica en las decisiones de la OMS provocó la dimisión de algunos de los miembros de la comisión. Es el caso de la senadora colombiana Cecilia López: “todo parecía girar en torno a la necesidad de proteger a la industria farmacéutica y no a defender a cientos de millones de personas que pueden enfermar y morir cada año por estas enfermedades”.
Países como Brasil o Tailandia rechazaron el documento. Sus sugerencias sobre la liberación de patentes de los fármacos no se tuvieron en cuenta.
Según datos de la propia OMS, las enfermedades tropicales desatendidas como el cólera o la lepra afectan a cerca de mil millones de personas, en particular a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas en zonas de clima tropical y subtropical. Los pacientes a menudo están afectados por más de una de ellas. Estas enfermedades no suscitan la atención de la industria farmacéutica. Su incidencia en zonas del mundo como Europa o Estados Unidos es muy baja y su investigación no resulta rentable a estas grandes empresas multinacionales.
Los países en desarrollo luchan por incorporar sus intereses en las negociaciones internacionales que abordan el tema. Buscan favorecer el acceso a los medicamentos y tratamientos a través del abaratamiento de su coste, y piden la modificación de las leyes que protegen las patentes de productos farmacéuticos y bloquean el uso de medicamentos genéricos accesibles. Se trata de proteger el derecho a la salud pública de la población frente a los intereses comerciales de las grandes corporaciones.
La participación de miembros de la industria farmacéutica en el asesoramiento y la toma de decisiones del organismo que lidera los asuntos sanitarios mundiales pone de manifiesto la falta de independencia de la OMS. La salud global es una cuestión de vida y muerte para millones de personas, muchas de las cuales fallecen de enfermedades curables. En ese tipo de cuestiones no deben primar los intereses comerciales y sí la ética, la vida y la humanidad.