El síndrome del militarismo en Panamá es una moda de opinión, y de pronto un rumor dañino con el que algunos sectores quieren jugar en la política electoral. Nuestra República en realidad nunca tuvo ejército y el último del que se tenga noticia en la geografía istmeña lo comandaba el general Esteban Huertas, el cual fue desarticulado a inicios de nuestra República.
En adelante se trató de la Guardia Nacional, que desde la creación de la República, durante todos los períodos de sucesión de poder, y a lo largo del siglo XX, cumplió una función mediadora en el terreno político, cuando por las razones que fueren, las fuerzas políticas en el poder o en la lucha por el poder, no lograban conciliar intereses y recurrían a ella.
Generales hubo en el poder y detrás del poder, y golpes y contragolpes, tal vez a causa de la naturaleza civil y militar de dicha institución y el rol protagónico que le fueron asignando a sus jerarquías. Es una equivocación amañada señalar la presencia militar sólo a partir del período histórico que sucedió al golpe militar del general Omar Torrijos, cuando más bien, ello vino a ser producto del papel tradicional de los militares en los destinos del país. Pero aquí la discusión puntual, para que nos entendamos, no es sobre el general Torrijos y ese período histórico. Es sobre la realidad actual.
Sólo hasta hace aproximadamente 19 años, la sociedad panameña decidió abolir la figura del ejército dentro de nuestra Carta Magna con la consigna de nunca jamás repetir la experiencia de un Gobierno bajo la tutela militar.
No quiero juzgar ni menospreciar los sentimientos que brotan a flor de piel de ese sector de opinión que percibe la transformación de la Fuerza Pública de ahora como un paso hacia la militarización.
Lo que debemos discutir y definir es si preferimos quedarnos con los brazos cruzados ante la presencia del crimen organizado, que dispone de grandes recursos económicos, los cuales ostenta con el uso de armamento sofisticado, tecnología de punta y aparatos de inteligencia a su disposición, y emplea para hacerle frente nada menos que a las autoridades legítimas, intimidar a la sociedad y corromperla. En Panamá, el narcotráfico, el trasiego de armas de fuego ilegales y el pandillerismo son fenómenos enfrentados por policías, no por ejércitos. ¿O no? Creo que cuando las Fuerzas de Defensa perdieron su razón de ser y la nación dio paso a una Fuerza Pública de carácter policial, se perdió la visión del bosque y nos empeñamos en ver solo el árbol. Es decir, solo tratamos el tema policial, como tal, sin integrarlo a la modernización de las instituciones democráticas del país.
La seguridad y la democracia son hermanas siamesas. Y he aquí el problema. Se perdió la capacidad de articular un solo discurso y no nos fijamos en variables verdaderas que tenemos que enfrentar, sean estas de carácter nacional o internacional.
Si Panamá dispone de un recurso humano formado profesionalmente en materia de seguridad y madurado e incorporado al conocimiento y práctica de los derechos humanos, a la distinción de su función como garante de la tranquilidad que reclaman la ciudadanía y bajo una estructura social y política en la que la sociedad civil es primero, entonces, ¿a qué tememos?
Paralelo de esta discusión es qué tanto como sociedad somos conscientes de los factores que constituyen caldo de cultivo para generar la criminalidad en nuestro país. Mientras no tengamos claridad que la pobreza, la exclusión, la inequidad y la falta de valores son la fuente generadora de violencia, las tomas de decisiones serán incompletas y, peor aún, no satisfacen a la sociedad.
Y ahí es donde la democracia corre peligro por la insatisfacción ciudadana. Hay una responsabilidad social por cumplir y es de todos a medida que el país crece. El esfuerzo en seguridad debe ser dirigido a la prevención, como herramienta fundamental, impulsando la inclusión, los programas sociales (Prodec) para aliviar la pobreza extrema que vemos, por ejemplo, en las comarcas indígenas, reducción de las desigualdades, y al desarrollo e implementación de la estrategia de seguridad integral, que aun cuando la gente no la perciba, es el instrumento idóneo para atender la demanda de seguridad ciudadana y defensa nacional.
Si no evolucionamos de forma responsable en el carácter y organización de nuestros estamentos de seguridad, estaremos cometiendo un gravísimo error.
En una sociedad democrática la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones es clave, y es uno de los aspectos fundamentales del sistema participativo. Por eso, estos proyectos sobre seguridad que para algunos es el retorno al militarismo, por instrucciones del señor Presidente de la República, llegarán a las manos de todos los que quieran conocerlos y tratar la seguridad del país con seriedad.
No es tiempo de rumores.
El autor fue miembro de las Fuerzas de Defensa y es vice ministro de Gobierno y Justicia
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