Una columna de opinión publicada el domingo en otro diario aludió a la “majestad del presidente de la República”. No es la primera vez que se emplean fórmulas monárquicas para referirse a cargos públicos de alto rango en nuestro sistema de gobierno.
Habría que averiguar si la práctica, totalmente ajena a la tradición republicana, viene de la manía nobiliaria trasladada a los territorios americanos durante la dominación española o si encuentra sus orígenes en los reinados del dios Momo que anualmente consumen las energías de gran parte de nuestra población (incluyendo las de muchos políticos). Lo cierto es que además de exhibir mal gusto al recurrir a semejante cursilería, el personaje que la empleó –un alto funcionario de uno de los órganos del Estado– reveló muy poca familiaridad con nuestro régimen de gobierno y su cabal funcionamiento.
Esto es grave, pues implica que la conducción del Estado está en manos de gentes poco idóneas. Mal anda un país cuando su dirigencia desconoce los elementos básicos del sistema político que rige a la colectividad.
Pienso que al presidente Martinelli –individuo accesible y campechano– debió incomodarle la extravagancia del funcionario que, obviamente, quería congraciarse con el mandatario y no se le ocurrió mejor forma para lograrlo que atribuirle una grandeza, superioridad y autoridad propias del sistema monárquico. El Presidente, que ha viajado a muchas repúblicas y monarquías y acaba de regresar de una de las últimas (España), sabe bien que en el gobierno republicano no hay monarcas ni majestades.
En las monarquías tradicionales la totalidad del poder público se ejerce por el monarca, quien legisla, ejecuta y juzga (y también ajusticia). En el transcurso de los siglos 19 y 20, la mayoría de los regímenes de ese tipo fueron eliminados por levantamientos populares o evolucionaron hacia sistemas parlamentarios y constitucionales, donde el monarca reina pero no gobierna.
Quedan todavía algunas monarquías absolutas, sobre todo en la península arábiga, caracterizadas por la concentración de los poderes del Estado en la persona del rey (o emir o sultán). En esos países, como es bien sabido, toda decisión sobre los asuntos públicos corresponde al monarca, lo cual constriñe significativamente el ejercicio de las facultades naturales que –según lo aprendimos en la escuela– competen naturalmente a cada ser humano.
En nuestra porción del planeta predomina el sistema republicano. Ésa es una característica de la América llamada “latina”, aunque en la práctica, muchos dirigentes de gobiernos supuestamente republicanos actúan como sátrapas orientales: acaparan los poderes públicos y abusan de ellos impunemente, usurpando –a tales efectos– todas las atribuciones del Estado.
La historia les reserva un rincón especial a esos tiranos de pacotilla. Allí tiene amontonados a sujetos de la calaña de Juan Vicente Gómez, Jorge Ubico, Rafael Leonidas Trujillo, Anastasio Somoza (padre e hijo), François Duvalier, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y tantos otros, contando –por supuesto– a Omar Torrijos, Rubén Paredes y Manuel Noriega, “combatiente de guerra” en virtud del fallo de un despistado juez estadounidense y “jefe de Estado” por obra y gracia de un desorientado magistrado francés.
La república es el régimen en que el poder emana del cuerpo ciudadano y está distribuido entre varios órganos del Estado, a fin de evitar abusos y arbitrariedades. En una república, el poder se ejerce por funcionarios elegidos por la ciudadanía y responsables ante ella.
En el régimen republicano no hay “majestades” que aíslan al jefe del Estado del escrutinio ciudadano, como en las monarquías, donde la persona del monarca es inviolable. Inclusive en monarquías constitucionales como Inglaterra y España, al monarca no se lo puede juzgar.
Esa inviolabilidad responde a circunstancias especiales en dichos países, que nuestra experiencia y realidades no comparten. Aquí no hay reyes y las reinas que tenemos, durante el Carnaval, lo son de otro tipo y por tiempo limitado.
En las repúblicas, el jefe del Estado es un ciudadano entre iguales y está sometido a las leyes tanto como el resto de la población. Los gobernantes responden ante la justicia –lo mismo que usted y yo– por las ilegalidades que puedan cometer (señaladas en el artículo 191 de la Constitución), como extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, aprovechar los recursos estatales en beneficio propio u obstaculizar la expresión de la voluntad popular.
Aludir a la supuesta “majestad” de un gobernante republicano es un error garrafal, con consecuencias negativas para el bienestar de la comunidad. Bajo una constitución republicana, cualquier inclinación monárquica, despótica o tiránica plantea una grave ruptura con el contrato social que fundamenta el régimen político.
Así debemos recordarlo todos los ciudadanos, pero sobre todo quienes han sido elegidos o designados para ejercer funciones oficiales de acuerdo con parámetros republicanos.
