Desde la perspectiva factual la nueva administración presidencial debe atender la paradoja económica de un crecimiento económico del orden del 5% y un déficit fiscal, encontrado por las nuevas autoridades, por el monto de 720 millones de balboas, una deuda pública de 9 mil millones de dólares, un sobregiro del gobierno en el Banco Nacional estimado en 900 millones de dólares y una deuda flotante con proveedores de 458 millones de balboas. En el aspecto social los indicadores son aterradores: la pobreza se incrementó de 37% en 1999 a 44% en el 2004, la extrema pobreza subió de 19% a 23%, el desempleo abierto se mantiene por el orden del 13% a costa de un aumento geométrico del subempleo y la precariedad salarial. Mientras que desde la óptica subjetiva las señales vienen dadas por la línea editorial –después de celebradas las elecciones del pasado 2 de mayo y donde obtuvo una holgada la victoria el hijo del general– de dos de los más importantes medios de comunicación social, empresas mediáticas donde algunos de sus directivos son aliados políticos del nuevo jefe de Estado o prominentes dignatarios del gobierno que asumió las riendas de la nación el primer día de septiembre. A todo lo anterior se suman las medidas anunciadas por la nueva administración, particularmente, por el denominado “gabinete económico”, es decir, la modernización del statu quo, la continuidad de las políticas neoliberales de “ajustes estructurales”, reformas fiscales, reducción del tamaño del Estado, esto último, mediante el despido masivo; así como las intenciones de privatizar la educación, la salud y las finanzas de la CSS, acciones que ya han sido calificadas de “duras” o “antipopulares” por algunos miembros del nuevo equipo gubernamental.
Nombrados en su totalidad los integrantes del Ejecutivo se aprecia una clara correlación de fuerzas a favor de los fundamentalistas de mercado y ello nos permite inferir que el “gabinete social” va a tener serios problemas en su desempeño. Visualizamos dos escenarios probables de una lucha política que se dará a su vez en dos niveles. Medidas “duras” de carácter económicas sin mitigación social; y disposiciones antipopulares con compensaciones sociales. Ambos contextos configuran una política de tipo neoliberal que será confrontada a lo interno del PRD y también a lo largo y ancho del territorio nacional por la sociedad civil. En el seno del partido fundado por Omar, la lucha no se producirá en función de los principios social democráticos ni de la convicción torrijista; ya que no se puede olvidar que con el maniqueo argumento de “modernizar” el partido, en los últimos años el liderazgo “cupulario” y unipersonal aceleró el proceso de desideologización y destorrijización del PRD, esto es, convertir al Partido Revolucionario Democrático en un partido tradicional, de gamonales y de clientela. En consecuencia, el deslinde político no se caracterizará por el combate ideológico, sino por el desencanto que producirá la gran expectativa creada por el clientelismo y la demagogia del período electoral.
En el caso del país nacional las cosas son más complejas, sin embargo, los pronunciamientos de algunos actores políticos nos permiten aproximar las siguientes teorías. La izquierda radical, dada su alta dosis de ideologización antisistémica, arremeterá contra el neoliberalismo sin haber clarificado un proyecto alternativo popular y la respectiva política de alianzas. Ello propiciará que los sectores más autoritarios del poder impongan una política de represión policíaca más grave aun de lo ocurrido en los dos postreros mandos de la Policía Nacional. Ahora se estrena un banquero (graduado en la Academia militar estadounidense de West Point) que en su primera comparecencia pública dijo no saber nada de seguridad pública, aunque probablemente sepa mucho de represión. Y en este proceso de dominio conservador de la política, los representantes locales del “capitalismo salvaje” –dentro y fuera del gobierno– se aprestan para ver pasar el cadáver político del torrijismo, mucho antes, quizá, que culmine el régimen que se inició el 1 de septiembre.
¿Qué hacer? A los demócratas-revolucionarios y torrijistas solo les queda un camino: convocar a todas las fuerzas auténticamente democráticas y humanistas de la sociedad civil para construir una alianza estratégica o alternativa popular de nueva nación, capaz de derrotar el proyecto salvaje y excluyente de la oligarquía neoliberal criolla, responsable directa del desmejoramiento –en los últimos 10 años– de la calidad de vida, particularmente, de las capas medias profesionales y de la inmensa mayoría de panameños y panameñas. Disyuntiva que impone como modelo o paradigma viable, en esta etapa de imperialismo global y de imperio planetario, la lucha permanente y sostenida por una democracia participativa.
