Observamos en los medios de comunicación una lucha intestina entre la sociedad civil, los gremios profesionales y los promotores, cada uno en defensa de su posición. Esto confunde a la ciudadanía y le impide comprender la verdad en los temas que se abordan. Hace falta que las partes, de manera sincera y sin egoísmos, brinden explicaciones que ayuden al esclarecimiento técnico profesional, dejando atrás los intereses mezquinos, en aras de la convivencia pacífica entre vecinos de diferentes áreas de la urbe, sin olvidar a los residentes de las ciudades interioranas.
A mi modo de ver el problema, es injusto achacárselo a los promotores y a los profesionales, endosándole epítetos fuertes al tildarlos de “maleantes”. El problema tiene varias aristas y yo, sin ser arquitecto planificador, considero que se pudiese minimizar y, ¿por qué no?, erradicar de raíz. Lo primero es plantear preguntas vitales para avanzar en este aspecto pues, de no hacer un alto, llegará el momento en que nos veremos reflejados en urbes de otros países, donde el descontrol es tan grande que ya se les considera ciudades perdidas.
1. La primera pregunta que me hago es: ¿quién es el responsable o los responsables de poner orden y reglas claras?
2. ¿Qué hacer para que reine el orden?
3. ¿Queremos una ciudad en la que podamos crecer de forma vertical u horizontal?
4. ¿Cuáles serían los pro y los contra de lo mencionado en el punto 3?
Pudiese hacer muchas otras, pero si respondemos las anteriores, de manera precisa, nos daremos cuenta de que el problema tiene solución. Para que esto se dé tiene que haber voluntad ciudadana y política. Si las voluntades no concurren, entonces seguiremos en esta lucha y el resultado lo pagarán nuestros hijos y las siguientes generaciones, que nos recriminarán, porque no hicimos lo correcto cuando era posible armonizar y encontrar las soluciones que todos anhelaban.
El gobierno actual puede aportar mucho para responder mis interrogantes, igual que lo pudieron hacer los anteriores, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Alcaldía capitalina. Es tiempo de empinarse por encima de todo y corregir el rumbo, para que frenemos las profundas diferencias entre los grupos, en que cada uno siente y defiende su perspectiva, sin pensar que tal vez el otro tiene razón.
Considero que, en algún momento, el Miviot dejó que la Alcaldía capitalina le arrebatara funciones de su incumbencia (antes de la aprobación de la Ley 29, de junio de 2009, que descentraliza la administración pública), dejando a la verdadera “autoridad urbanística” fuera del rol que le corresponde. Como dice el dicho, “la costumbre se hace ley”. Esta situación heredada es la que nos lleva a los problemas que hoy vivimos. Espero que el gobierno actual corrija el rumbo y permita que cada quien cumpla con el papel que la ley le permite. Es importante saber que la Ley 29 le asigna estas funciones a los municipios, pero la interrogante es si están preparados para todo lo que eso implica. De ser negativa la respuesta, entonces dejemos esto en el Miviot hasta que se cumpla la descentralización de forma gradual, progresiva, ordenada, regulada y responsable. Hay que hacer las cosas bien, no de prisa por el solo hecho de abarcar más, y al final perjudicar, en vez de arreglar el problema.
Es triste pensar que se debe comenzar de cero, algo que no es del todo cierto. Ya tenemos leyes y estudios de planificación de la ciudad y el país que queremos, solo falta actualizarlos y comenzar, pues la enfermedad que a diario sufre el panameño, no solo en lo que a vivienda se refiere sino en otros temas, nos daría la oportunidad de corregirlos para vivir en una ciudad ordenada y amigable con el ambiente.
Reconozco que el presidente Juan Carlos Varela inició algunos proyectos para resolver el caos, pero, ojo, debe asegurarse de que los responsables de llevar a cabo lo planteado estén claros en qué infraestructuras son las adecuadas; de lo contrario seguiremos de tumbo en tumbo, sin encontrar la solución final.
Hay considerar que la ciudad puede crecer de forma vertical y que es más económico. Por esto, se necesita que el Gobierno haga una reingeniería de las infraestructuras existentes para que eso sea posible. Si no tiene la capacidad técnica para hacer esas actualizaciones, sugiero que se redacte una ley que le permita al inversionista privado realizar las reconstrucciones, a medida que se vayan identificando los proyectos, por área, y que se dé un crédito fiscal ordenado, para que la inversión en mejoras se retribuya a los que las realizan. Estoy casi seguro de que ningún inversionista se negaría a hacerlo, siempre y cuando redunde en beneficio de su inversión y en calidad de vida para los vecinos que se pudieran ver afectados.
Si se deciden por el crecimiento horizontal, habría que instalar nuevos kilómetros de tuberías de agua potable, aguas servidas, líneas eléctricas, líneas de comunicaciones, ampliar las principales vías y calles de acceso, y todos los elementos primarios para satisfacer los puntos mencionados. La interrogante que me hago es cuándo se dará inicio a este cambio, pues lo importante es frenar las manifestaciones y los cierres de calles que afectan a terceros. Considero que es el rector de la cosa pública quien debe dar las directrices y facilidades que le ayuden a cumplir con su deber sagrado de gobernar para todos, y para que reine la armonía y la paz entre los panameños.
