En la administración presidencial recientemente fenecida, se benefició a consorcios extranjeros y locales con contratos “llave en mano”. Hoy poseemos muchas de esas fallidas e inconclusas obras y otras que no se pueden utilizar, porque no se pensó en la partida para su equipamiento y la contratación de personal.
Ahora nos preocupa, por ejemplo, saber de dónde obtendremos dinero para reparar y equipar las escuelas cuyo mantenimiento no se atendió. Esta situación ha causado cierres de calles en todo el país; escasez de medicamentos para los asegurados; incertidumbre en el suministro de agua, y dudas sobre cuál es la solución más accesible en el transporte masivo de pasajeros.
Ahora bien, todo indica que las soluciones no están estancadas por la falta de recursos económicos, pues se han destinado cerca de 200 mil dólares para habilitar una minicárcel suite, destinada a albergar a delincuentes que se distinguen como líderes en las cárceles existentes.
La justificación que se enarbola de este proyecto es que al aislar a los jefes de pandillas y a otros delincuentes, que se distinguen como líderes en el mundo delincuencial (robos, crímenes, tráficos de droga y delitos exclusivos de funcionarios), estos no podrán hacerse de celulares ni tendrán acceso telefónico fijo o mensajeros a los que entreguen instrucciones, cartas, memos y, mucho menos, podrán disfrutar de piscinas inflables, licores de calidad ni de armas de todo tipo (sencillas y sofisticadas) con abundantes municiones, como ha sido la práctica en las cárceles existentes. Gracias a estas irregularidades, los reclusos desde sus celdas de “máxima seguridad”, coordinan y llevan a cabo asaltos armados en las mismas prisiones, ejecutan negocios ilícitos e imparten órdenes a sicarios para que eliminen a todo ser que se oponga al cabecilla encarcelado.
Encerrarlos en una isla... suena bien. Aislarlos hasta de su familia y abogados... suena muy mal. No importa en qué tipo de prisión se encuentren, podría ser en un búnker en alguna cárcel actual, hay que aislarlos del personal de aseo institucional, de técnicos de mantenimiento, médicos, enfermeras y custodios, a los que hasta se les prometió un aumento de salarios para evitar que se vieran tentados a convertirse en el enlace entre los detenidos y otros delincuentes que están libres en nuestras calles.
Un custodio es un ser humano, y todo ser humano puede caer en la tentación de obtener extras a sus salarios mediante acciones ilegales. Quienes se interesan en el rumbo de la justicia están saturados de la información que imputa diversos delitos a los servidores públicos (desde los que ocupan puestos humildes hasta los de máxima posición) de administraciones presidenciales pasadas, y recientemente en las esferas policiales de alto rango.
Ahí radica el problema de la facilidad conque los detenidos de alto perfil ejecutan acciones delictivas, a pesar de estar en las cárceles. Es decir, en el ser humano-funcionario que debe atender al ser humano-delincuente que posee fuertes sumas de dinero para pagar por sus servicios de enlace encubierto.
Si no atacamos la raíz de este problema será inútil destinar grandes sumas de dinero, con el paliativo de la isla por cárcel.