DIANA CAMPOS C. dcampos@prensa.com En los primeros meses del 2004, el Gobierno podrá imponer sanciones a las empresas provenientes de países que tienen a Panamá en listas negras.
En virtud de la llamada ley de retorsión, aprobada en diciembre del año pasado, las personas naturales y jurídicas de estos países no podrán participar en ningún acto público o procedimiento de selección de contratista convocado por una institución pública panameña.
Se trata, en pocas palabras, de la aplicación de la histórica ley del talión (ojo por ojo y diente por diente), como respuesta a las medidas discriminatorias que tienen estos países contra operaciones financieras y de inversión realizadas en y desde Panamá.
El canciller, Harmodio Arias, confirmó que desde finales de julio envió una carta a los países que tienen medidas discriminatorias contra Panamá, informándoles que tienen un plazo de seis meses (contados a partir de que se recibe la notificación), para iniciar las gestiones que eliminen a Panamá de sus respectivas listas negras.
Para la mayoría de los países, los plazos comienzan a vencer entre finales de enero y principios de febrero de 2004, fecha en la que Panamá estaría en potestad de aplicar las sanciones establecidas en la ley de retorsión.
México, Brasil, Italia, España y Venezuela son algunos de las naciones que recibieron tal notificación, pero ninguna de sus embajadas en Panamá quiso emitir comentarios al respecto.
Sin embargo, el canciller Arias afirmó que ya ha recibido notificaciones formales de varios de estos países con miras a iniciar conversaciones para eliminar a Panamá de sus listas negras.
Con España las conversaciones han avanzado bastante bien, con Perú el proceso ya está casi terminado, pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de otros países, subrayó el canciller sin especificar a quienes se refería.
Agregó que se han dado algunos acercamientos con Italia, Francia y México, pero reconoció que el caso de este último es bastante difícil.
En enero próximo, el canciller Arias viajará a México y España para tratar el tema con las autoridades de estos países.
Si observamos que las conversaciones a nivel diplomático van por buen camino, entonces no aplicaríamos las medidas, pero si consideramos que no hay avance, entonces sí lo haríamos prometió el canciller.
La Ley 58 establece que se evaluará caso por caso y corresponderá al Consejo de Gabinete y al presidente de la República decidir si se aplican o no las medidas de retorsión.
La Autoridad de la Región Interoceánica, el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad del Canal de Panamá serían las primeras instituciones que aplicarían esta ley para sus contrataciones públicas, dijo Arias.
