Cualquier violación del derecho internacional se debe criticar contundentemente, sobre todo, por parte de un Estado legitimado democráticamente como lo es Colombia. Sin duda alguna Colombia violó la soberanía de Ecuador, lo que constituye un precedente peligroso que por ninguna circunstancia debe repetirse.
A pesar de este grave error se le debe atestar al presidente Uribe una línea política coherente, basada en principios de estado de derecho, con las limitaciones evidentes que existen en un Estado en el que se libra una guerra fraticida desde hace más de 40 años.
Por el otro lado no hay dudas, sin que hicieran falta laptops "farquistas", que los actuales gobiernos ecuatoriano y venezolano apoyan, por lo menos de forma pasiva, a las FARC. Sin mencionar la obvia afinidad ideológica entre estos tres actores.
Hacer del dúo trágico colombo–ecuatoriano una fiesta de tres, como lo hizo Chávez es echar gasolina (que de esa mucha tiene) al fuego diplomático de manera irresponsable e innecesaria. Solamente a través de esa intervención la posibilidad de una escalada a lo Medio Oriente sería posible.
A Panamá, como país fronterizo de Colombia, afectado igualmente por las FARC, además siendo histórica hermana de las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador, miembro del Consejo de Seguridad y país neutral y conciliador por excelencia, le recaerá un papel negociador que habrá de ser probablemente clave para el éxito de las gestiones diplomáticas.
El gobierno canalero deberá reconocer el derecho colombiano de defenderse, pero exigiendo igualmente al presidente Uribe que no vuelva a cometer tal exabrupto internacional. Un guerrillero muerto no vale ese precio. Además deberá reconocer el derecho de Ecuador de exigir alguna especie de compensación por lo sucedido, pero exigiéndole que, públicamente, repudien a las FARC como lo debe hacer cualquier Estado cuyo contrato social se basa en la libertad y en la paz.
Finalmente deberá exigirle moderación verbal, diplomática y militar al jefe de Estado venezolano, sin temor alguno.
Como señal de buena fe, la República de Panamá deberá anunciar las consecuencias que tendrá esta situación para sus estrategias económicas, de seguridad y diplomáticas de Estado. Además deberá sondear la posibilidad de aportar activamente a una solución pacífica en el conflicto colombiano. Panamá cuenta claramente con mayor credibilidad y neutralidad para ayudar a resolver este problema que Ecuador y Venezuela.
Debido al imperativo moral que debe regir el comportamiento de nuestro Estado para con nuestros hermanos latinoamericanos hay que subrayar la obligación del Gobierno nacional de ofrecerse como mediador en el conflicto. Panamá no perdería su neutralidad si se actuase de manera abierta. Demostraría señales de ser un Estado maduro comprometido claramente con la paz y el bienestar. Señor Presidente, señor Canciller, este es un reto digno y necesario.
