El referente histórico de los partidos políticos de Panamá se puede situar en los programas de los partidos Liberal y Conservador de 1848 y 1849, respectivamente. Partidos, que al decir del doctor Bonifacio Pereira, citado por el jurista Juan Materno Vásquez, “son estos, por así decirlo, los partidos históricos” y existieron en nuestro país desde los tiempos de unión a Colombia.
En general el partido Conservador –según el historiador Andrés Celestino Araúz– era el representante de la clase de los terratenientes, de los dueños de los esclavos, de burócratas civiles y militares, de religiosos, y en menor medida de los comerciantes. Es por ello que los conservadores defendían el statu quo, las políticas fiscales proteccionistas, la educación religiosa y el régimen de esclavitud.
Por el contrario, el Liberal era el partido del cambio, que se proponía transformar el Estado colonial en función de la burguesía emergente. Proyecto que implicaba “modificar la reglamentación particularista y sustituirla por leyes de carácter general, convertir la tierra en mercancía y darle libre circulación; [suplantar] un Estado omnipresente por otro que sin trabas permitiera comerciar, [relevar] los monopolios y dejar que las actividades reglamentadas se movieran al impulso de la libre [competencia]; suprimir las jerarquías ante la ley y poder llamar ciudadano al desigual; [eliminar] el ejército de caudillos y sustituirlo por una milicia de ciudadanos pudientes, liberalizar la enseñanza, es decir, quitar a la Iglesia el privilegio de impartir el saber”.
Estas diferencias ideológicas entre los partidos Liberal y Conservador en el istmo se mantuvieron vigentes, probablemente, hasta la Guerra de los Mil Días, ya que éstos se unieron para apoyar la independencia de 1903. A partir de entonces “no se organizaron como partidos separados y la diferencia más importante entre ellos era formar parte del Gobierno o estar en oposición”. ¡Cualquiera semejanza con los partidos de la actualidad es pura coincidencia!
Hasta 1925, el puesto de presidente de la República y el de otros altos cargos del Gobierno debía contar con el visto bueno del poder estadounidense, a tal punto llegaba la subordinación política de los istmeños, que los funcionarios diplomáticos y de la Zona del Canal actuaban como verdaderos procónsules. Situación que tenía como fundamento jurídico el tratado Hay–Bunau Varilla de 1903 y el ignominioso artículo 136 de la Constitución de 1904.
De manera que desde los umbrales de la República, el caudillismo y la formación de partidos personales fue la tónica. Así surgen en la segunda y tercera década del siglo pasado, verbigracia, los porristas del doctor Belisario Porras y los chiaristas de don Rodolfo Chiari. Al respecto indica el doctor Juan Materno Vásquez que, “hasta 1932 no existió partido político en Panamá, solo funcionaron grupos políticos organizados en torno a patricios liberales”.
Después de 1932 surge un enjambre de partidos políticos, en su mayoría de carácter oligárquico, con la excepción del Partido Socialista del doctor Demetrio Porras, el Partido Comunista (Partido del Pueblo) y el Partido Demócrata Cristiano fundado a finales de la década de 1950. Los partidos políticos alcanzan personalidad jurídica en las Cartas de 1946 y 1972, respectivamente. Con ocasión del golpe militar de 1968 y por disposición del Decreto de Gabinete No. 58 de 1969, fue suspendida la actividad de los partidos políticos, 10 años después fue dictada la Ley No. 81 de 1978 que estableció las reglas de la formación, funcionamiento y subsistencia de los partidos políticos.
Hace 20 años –después de la invasión militar estadounidense– las colectividades políticas volvieron a florecer, aunque menos que en el pasado demoliberal, sin embargo, como ocurrió con anterioridad, no han sabido jugar su papel de “órganos funcionales de la nación” y mucho menos de ser expresión del pluralismo político e instrumentos fundamentales para la participación política. Hoy, como ayer, los partidos políticos son organismos carentes de ideología que se caracterizan por el liderazgo personal, las agendas ocultas y el clientelismo político.
De modo que la verdadera crisis institucional que vive el país es la miseria de los partidos políticos y, a nuestro juicio, el fortalecimiento de la democracia, entendida “como la forma de Gobierno con la mayor participación posible del pueblo en el Gobierno”, pasa inexorablemente por el tamiz de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, modernizadora e ideologizadora de la institucionalidad política del Estado. ¡Así de sencilla es la cosa!
