La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague, este año, será el momento en que la humanidad acepte el reto y aborde la cuestión de manera decisiva. Las emisiones de gases de tipo invernadero deben reducirse radicalmente para impedir un caos climático.
En 2007, en Bali, las 192 partes de la convención marco de la ONU se comprometieron a iniciar negociaciones para una acción fortalecida contra el fenómeno. Este proceso ha de culminar en un ambicioso resultado negociado a fines de 2009, que necesita entrar en vigencia antes de enero de 2013. Esto deja apenas nueve meses para concluir uno de los procesos internacionales de negociación más complicados en el mundo. El año pasado, los negociadores desarrollaron una mejor explicación de lo que pretenden de los diferentes aspectos del plan de acción que acordaron en Bali, y recopilaron ideas y propuestas. El proceso político hoy alcanza una fase en la que están surgiendo áreas de convergencia. Estas áreas formarán la base de un acuerdo borrador inicial, a presentarse en Bonn en junio.
Para entrar en vigencia en todo el mundo antes de 2013, el acuerdo de Copenhague debe cumplir los requisitos políticos de todos los países miembros. Para que esto suceda, es necesario esclarecer cuatro puntos políticos clave este año.
Primero, es preciso ser claro respecto de los fines ambiciosos y legalmente vinculantes de la reducción de emisiones para los países industrializados. Sin estos objetivos, la comunidad internacional no emprenderá la acción necesaria para abordar el cambio climático, mientras que los países en desarrollo no confiarán en que los países industrializados quieran tomar la delantera para resolver un problema que ellos causaron.
Hay algunas señales positivas en esta dirección. Por ejemplo, la Unión Europea acordó un paquete climático y energético para cumplir su objetivo de reducir las emisiones un 20% respecto de los niveles de 1990 para 2020. En EU, el presidente Barack Obama indicó su intención de alcanzar una reducción de 80% de las emisiones de gases para 2050, y retrotraer las emisiones a los niveles de 1990 para 2020. Otros países, como Rusia y Japón, anunciarán sus objetivos de mediano plazo en el transcurso de este año.
Segundo, la claridad es esencial respecto de hasta dónde los principales países en desarrollo pueden emprender acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional, más allá de lo que ya están haciendo. Para muchos países industrializados, particularmente EU, será muy difícil formalizar un acuerdo a menos que sus ciudadanos vean que los grandes países en desarrollo también están dispuestos a un compromisomayor. Muchos países en desarrollo, como China, India, Brasil y Sudáfrica, ya desarrollaron estrategias de cambio climático o energético que indican hasta qué punto sienten que pueden abordar la cuestión, en vista de limitaciones económicas. Varios países en desarrollo presentan ideas para mayores medidas de mitigación apropiadas que podrían tomar a nivel nacional.
Tercero, la claridad es esencial en materia de financiamiento. La magnitud de la acción por parte de los países en desarrollo dependerá, en gran medida, de la disponibilidad concreta de financiamiento y tecnología limpia a través de una acción cooperativa internacional. Necesitamos saber cómo se generarán recursos financieros significativos para ayudar a los países en desarrollo a limitar el crecimiento de sus emisiones y a adaptarse a los efectos del cambio climático.
Se han reflotado algunas ideas interesantes. Por ejemplo, los países industrializados han sugerido subastar derechos de emisiones y utilizar parte de la ganancia para la cooperación internacional -algo que Alemania hace-. El concepto también está presente en el proyecto de ley Liebermann-Warner, un ejemplo de legislación borrador sobre cambio climático para EU. Noruega presentó una propuesta para monetizar una porción de los presupuestos para emisiones de los países industrializados, generando ingresos para una cooperación internacional.
Los mecanismos de comercialización de emisiones basados en el mercado seguirán vigentes. Sin embargo, el plan de acción de Bali aborda la necesidad de que los países en desarrollo adopten acciones de mitigación apropiadas. Como el mercado de carbono no puede ser el único instrumento, también será necesaria una cooperación de gobierno a gobierno.
Finalmente, la claridad es esencial respecto de la estructura de gobernancia bajo la convención. Si han de generarse recursos financieros para la mitigación y la adaptación, los países en desarrollo querrán tener un voto representativo respecto de cómo se asignará y se gastará ese dinero. Las estructuras de gobernancia tienen que funcionar de acuerdo con principios democráticos, basados en la equidad.