La protesta marcó un giro irónico en un momento en que siete ministros nórdicos y bálticos se quejaron por los supuestos planes de Grecia para dar licencias a más burdeles -algo que niega el alcalde de Atenas- antes de las Olimpiadas.
Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania enviaron el miércoles una carta conjunta a Atenas en la que expresaron su molestia por el supuesto plan, pese a que la ciudad ya había desmentido que buscaba prepararse para un previsto aumento del llamado turismo sexual en las Olimpiadas.
El Ayuntamiento de Atenas dijo que no incrementará el número de burdeles y que, por el contrario, insistirá en reforzar normas estrictas requeridas por la ley griega. Señaló que un número estimado de 600 burdeles ilegales será reducido a 230.
"El Consejo Municipal de la ciudad de Atenas ha comenzado su campaña para restringir las actividades ilegales que rodean a la industria del sexo, ordenando la clausura de los primeros 15 burdeles que se ha encontrado que violaban la ley", dijo el jueves una declaración. Añadió que serán cerrados más en las próximas semanas.
"La campaña se decidió tras el creciente problema, detectado en los últimos años, particularmente en lo que respecta al tráfico de personas desde Europa del Este. Bajo ninguna circunstancia está únicamente relacionado a los próximos Juegos Olímpicos", dijo el ayuntamiento.
Los burdeles griegos no pueden funcionar cerca de escuelas guarderías infantiles, iglesias, hospitales, parques, plazas, centros deportivos o instituciones de caridad, lo que según algunas prostitutas, deja poco espacio para otorgar licencias, lo que las obliga a acudir a las calles.
"Tenemos licencia y no nos dejarán ganarnos la vida; no hacen nada con la prostitución ilegal", dijo Dimitra Kanellopoulou, quien se ha dedicado durante 20 años a la profesión más antigua y es presidenta del Movimiento de Prostitutas Griegas.
Las manifestantes, que mostraron sus certificados y licencias de salud, dijeron que cobran a los clientes de los burdeles entre 15 y 30 euros. "Sobre todo atendemos a extranjeros y a personas de bajos ingresos", dijo Olga Apostolopoulou.
Kanellopoulou dijo que las mil 500 prostitutas con licencia que trabajan en 220 burdeles de Atenas pagan impuestos y 280 euros al mes de seguridad social.
"No queremos que nos cierren nuestros locales", dijo Vanessa, una prostituta alemana que ha trabajado en Grecia durante cinco años y seis en Berlín. "Es mejor y más seguro para nosotras trabajar desde una casa", afirmó.
