Claramente hacen falta las investigaciones penales y civiles anunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos esta semana sobre el desastroso derrame de petróleo en el golfo de México.
El derrame, el peor en la historia de Estados Unidos y tornándose más nocivo con cada día que pasa, clama por una rendición de cuentas y un castigo apropiados. El procurador general, Eric Holder, no mencionó objetivos específicamente, pero BP (British Petreoleum), Transocean la operadora del pozo y otros importantes subcontratistas como Halliburton son claros candidatos.
La investigación del Departamento de Justicia correrá paralelamente a una averiguación por parte de una comisión especial nombrada por el presidente Barack Obama para que descubra las causas del desastre, evalúe el desempeño de las dependencias federales de vigilancia y recomiende formas de prevenir calamidades similares. En particular, la Casa Blanca debe cuidar que se permita un buen desempeño a ambas. Si bien sus misiones son diferentes el Departamento de Justicia, preocupado principalmente por el rompimiento de la ley, la comisión por la seguridad es inevitable que se superpongan.
Por ejemplo, ambas estarán hablando con muchos de los mismos testigos del Gobierno y la industria. A diferencia del Departamento de Justicia, la comisión no tiene poderes para emitir citaciones. El Congreso estadounidense debería otorgar esa facultad, aunque solo sea para asegurarse de que efectivamente se presenten los testigos de una industria acostumbrada a ir por cuenta propia.
Como sabe Holder, la travesía legal será larga y ardua. Exxon no llegó a un arreglo final por daños relacionados con el derrame del Exxon Valdez en 1989 además de los miles de millones de dólares que pagó en costos de limpieza sino hasta un fallo de la Suprema Corte emitido en 2008. BP es responsable de contener el derrame del golfo y de su limpieza, pero las multas que a final de cuentas debe pagar, así como pagos compensatorios a partes que sufrieron daños, dependerán parcialmente de que se pueda demostrar que la empresa violó la ley.
Una ley relevante es la Ley de Contaminación Petrolera de 1990, promulgada después del derrame del Exxon Valdez, la cual impone penas monetarias por cada barril de petróleo derramado; incluso si no se halla negligencia, pero más aún si la hay.
Otra es la Ley de Agua Limpia, que conlleva castigos tanto civiles como penales por contaminar vías fluviales. Además, se podría encontrar que la empresa BP actuó con negligencia bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, ya que no logró obtener los permisos necesarios para perforar en áreas habitadas por ballenas en peligro de extinción.
Aunado a lo anterior, Holder dijo que investigaría la responsabilidad potencial bajo la Ley del Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Especies en Peligro, las cuales suministran penas por lesiones y muerte a la vida silvestre y especies de aves. En 1991, Exxon accedió a pagar 100 millones de dólares para compensar cargos penales bajo diversos estatutos, y más adelante pagó mil millones de dólares en daños civiles, tanto de la rama federal como estatal, así como 500 millones de dólares en daños punitivos.
La senadora Barbara Boxer, quien estuvo presionando a Holder para que actuara, sacó a relucir una posibilidad más ominosa: que BP pudiera haber hecho declaraciones falsas y engañosas a las autoridades federales sobre el plan exploratorio de perforación de 2009, mismo que presentó ante el Servicio de Administración de Minerales. El plan afirmaba que la empresa tenía equipamiento y tecnología “probados” para responder a un estallido súbito. Dada la naturaleza ad hoc de la respuesta de BP, ha sugerido Boxer, esa afirmación ahora parece engañosa o incluso falsa.
Hay tiempos extraordinariamente duros por delante para el golfo de México y los residentes de la región. El hecho de que BP también sufrirá no nos agobia ni en lo más mínimo.