La preferencia por un determinado pensamiento político es, como se sabe, el reflejo de un modo de percibir la sociedad, la economía o la cultura –el mundo en definitiva– e incluso es el reflejo de un modo de ser. Esa es la razón por la que, a excepción de los que cambian de opinión por conveniencia temporal, es decir, los chaqueteros, las personas solemos permanecer fieles durante toda nuestra vida a una tendencia.
La madurez y la decepción permiten a lo largo del camino hacer los ajustes necesarios y moderar el fanatismo, y es comprensible que intelectuales de la talla de Camus o Sartre, simpatizantes en su juventud del comunismo, terminaran por criticar su práctica en la URSS pero conservaran sus ideas socialistas.
Esta visión, bastante general, no se refiere a extremistas, mesiánicos o dictadores, sino a esa masa de personas normales que se interesan por lo que pasa a su alrededor: los ciudadanos medianamente comprometidos. No incluyo en este lote a los políticos profesionales, pues ocurre en ellos un fenómeno raro: sobre la base de un ideario, el interés partidista y los fines electorales se sobreponen casi siempre al bien común, el supuesto objetivo de la política, pero solo supuesto. Los partidos, especie de sectas, dan prioridad a la parte (su colectivo) sobre el todo (el beneficio del país) y así nos va.
El ejemplo más reciente lo tenemos en el fracaso del pacto educativo que se fraguaba en España entre el PSOE y PP, a instancias del ministro del ramo, Angel Gabilondo, y que perseguía dar al sistema una estabilidad de la que ciertamente carece, debido, a mi entender, a las sucesivas leyes que cada gobierno ha puesto en práctica y a la injerencia particular que las comunidades autónomas ejercen sobre su territorio.
La esperanza era grande, quizá porque Gabilondo, catedrático de filosofía de la Universidad de Madrid, no es un político al uso, sino un prestigioso académico e intelectual. Su propuesta le acarreó incluso críticas en el partido gobernante por su afán conciliador, pero al final, el Partido Popular ha rechazado el pacto con el argumento de que no supone una auténtica reforma, reforma que pretenderá hacer cuando llegue al poder –otra más– y según sus exclusivos criterios. El PP solo estaba dispuesto a pactar si el PSOE reconocía antes que su modelo había fracasado. Caprichosa la petición. Según uno de sus dirigentes, “si pactamos, renunciamos a cambiar ninguna ley educativa cuando lleguemos al gobierno”. La noria de la polémica se pondrá en marcha de nuevo y la educación, mientras, seguirá siendo asunto de partidos y no un asunto nacional, en un país con las cifras más altas de fracaso escolar de Europa y cuya crisis económica clama a gritos por el consenso.
En realidad, las diferencias de las propuestas son mínimas. Palabra más, palabra menos, vienen a decir lo mismo. En uno de los asuntos más espinosos, el referente al castellano –sabido es que España es una nación plurilingüe, diversidad amparada por la Constitución– el PP pretende que el castellano sea impartido en “pie de igualdad” en las comunidades bilingües, mientras la propuesta del gobierno dice que en dichas regiones, los alumnos deben terminar la Educación Secundaria Obligatoria dominando perfectamente ambos idiomas. La misma cosa porque ninguno puede salirse de la norma constitucional.
El problema es que, especialmente en Cataluña, cada vez es más frecuente que la enseñanza en colegios y universidades se imparta en catalán y tan solo se den unas horas de castellano como materia. En la práctica, los catalanes son bilingües al 100%. Los que no lo tienen fácil son los que desconocen el catalán, no porque no puedan comunicarse –cuando hablas en castellano en Cataluña todo el mundo te entiende y te responde– sino porque el índice de fracasos de este grupo es alto, y puede a la larga coartar sus posibilidades de trabajo en entidades públicas.
Siempre hay la posibilidad de aprenderlo, pero muchos se resisten por prejuicios. Y esto no lo cambiará reforma alguna.