Las asociaciones de padres de familia tendrán que rendir cuentas a la Contraloría General de la República, si llega a aprobarse un proyecto de ley que ya pasó el primer debate en la Asamblea Legislativa.
Se trata del proyecto de ley No. 94, por el cual se establece y define el régimen legal de las asociaciones de padres de familia de los centros educativos oficiales de primero y segundo nivel de enseñanza.
El proyecto establece, en su artículo 13, que la administración de fondos que reciba la asociación de padres de familia procedentes del Gobierno central estará sometida a la fiscalización de la Contraloría y deberá gestionarse en cuentas separadas del resto de los recursos obtenidos por la asociación.
Los fondos serán depositados en el Banco Nacional de Panamá y todas las transacciones que se realicen requerirán, por lo menos, de las firmas del presidente y el tesorero.
Las cuotas ordinarias y extraordinarias, todas las bonificaciones, las ganancias procedentes de cualquier actividad lícita, entre otras, constituyen patrimonio de las asociación.
El proyecto establece el marco regulatorio al que se sujetará la organización, funcionamiento, operación, manejo y fiscalización de las asociaciones de padres de familia de los centros educativos oficiales.
Lo que se busca es garantizar una gestión eficiente, representativa y transparente de los recursos de la organización.
Las asociaciones de padres de familia, en los últimos años, han estado en el ojo de la tormenta, a raíz de los manejos irregulares de las cuotas de padres de familia y de otros fondos.
