El relevo de Fidel Castro por su hermano Raúl despertó hace ya más de tres años esperanzas de suavización de la dictadura cubana. Suscitó también expectativas sobre un cambio en los rígidos esquemas económicos comunistas de la isla que mejorara la vida de los cubanos.
La ilusión se acrecentó con la llegada al poder de Barack Obama, del que se esperaba un rápido deshielo en la guerra fría de 50 años entre ambos países.
Nada se ha producido conforme al guión de los mejor intencionados. Permanece, pese a medidas alentadoras, el grueso del injusto y contraproducente embargo estadounidense; la situación económica se agrava en Cuba hasta extremos críticos; y su sistema político se mantiene implacable.
Un informe de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch constata esta semana la plena vigencia del estado policíaco.
El trabajo de la organización no gubernamental, realizado en la clandestinidad durante el último año, ilustra el deplorable estado de los derechos humanos en la isla, donde la dictadura emplea sistemáticamente los arrestos arbitrarios, las farsas judiciales y los malos tratos (de estos puede hablar con propiedad la “bloguera” Yoani Sánchez).
El régimen, que mantiene en prisión a la mayoría de los disidentes detenidos en 2003, utiliza a discreción la aborrecible figura penal de “peligrosidad”, que le permite seguir encarcelando por decenas a ciudadanos por conductas “contrarias a las normas socialistas”.
La Habana se muestra blindada frente a las presiones internacionales. El Gobierno español –Moratinos visitó la isla el mes pasado– quiere utilizar su presidencia para suavizar la intransigencia de la Unión Europea con Cuba por su atropello permanente en este terreno.
A la luz del diagnóstico de Human Rights Watch, no estaría de más aprovechar semejante trampolín para poner justamente el acento en la imprescindible democratización del régimen cubano.