El Senado de Estados Unidos, dominado por los demócratas, decidió aplazar hasta septiembre la reforma sanitaria, hoy por hoy la prioridad del presidente Barack Obama.
La decisión, anunciada por el líder demócrata del Senado, Harry Reid, es un revés para el presidente.
El demócrata Obama lleva semanas insistiendo en que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben sus respectivas versiones de la reforma antes del 7 de agosto, cuando empieza el receso veraniego, de forma que en octubre pueda firmar la ley.
Pero las diferencias entre los demócratas del Senado, los recelos sobre el alto coste de la reforma y el creciente escepticismo entre el electorado amenazan con hacer descarrilar los planes del presidente, e infligirle la primera derrota grave desde que en enero llegó a la Casa Blanca.
Está bien, siempre que los legisladores trabajen con diligencia, y siempre que el aplazamiento no esté causado por la politiquería, dijo Obama tras conocerse la decisión del Senado.
Obama sostiene que ahora es el momento propicio: en Estados Unidos, y en plena recesión, los costes están descontrolados, la calidad de la sanidad es deficiente para muchos pacientes, y cerca de 50 millones de personas carecen de cobertura médica.
Si no actuamos, cada día 14 mil americanos seguirán perdiendo su seguro sanitario. Estas son las consecuencias de la inacción. Esto es lo que nos jugamos en el debate, advirtió el presidente.
Barack Obama dijo que su objetivo es cubrir al 97% o 98% de estadounidenses -lo que constituiría una pequeña revolución social- y que, para lograrlo, está dispuesto a apoyar una subida de impuestos para quienes ingresen más de un millón de dólares anuales.
El Senado ha ignorado la presión del presidente, que viajó a Cleveland, en Ohio, para vender la reforma a los ciudadanos. Que el Senado aplace la adopción de la ley no significa que haya fracasado. Pero representa un contratiempo que pone en cuestión - desde las propias filas demócratas- la influencia de Obama entre los legisladores.
A los críticos les preocupa que la factura de la reforma dispare un déficit ya desbocado y obligue a subir los impuestos a las clases medias. Otra preocupación es que el 85% de ciudadanos que dispone de cobertura - privada, o pública para los pobres y los mayores de 65 años- vea arañadas las prestaciones actuales.