Bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas y asociaciones de ahorro son agentes económicos que, aun cuando tengan constitución y objetivos distintos, realizan una actividad que les es común a todas: prestan dinero. Entregan dinero para cobrar intereses por el tiempo transcurrido hasta la devolución del monto original. El préstamo de dinero produce aceleramiento de la economía al duplicar temporalmente la función productiva de un determinado valor.
Este impacto macro económico, vista la economía como un todo, no es buscado por las empresas mencionadas, pero se produce porque la tentación es grande por prestar dinero en demasía. La razón es que produce intereses. Intereses que no se ganan si el dinero no se coloca.
A largo plazo puede ser especulativo, pero a corto plazo el exceso de oferta monetaria crea inflación. Prestan, sea provechosa la utilización del dinero en la economía o no. De manera que lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Es por ello que la intermediación dineraria se supervisa en todas partes del mundo. Supervisar no significa intervenir todo el tiempo. Significa conocer lo que está pasando e intervenir cuando las circunstancias lo ameriten.
En Panamá no existe una supervisión unificada, ni de los intereses en particular, ni de la intermediación dineraria en general. Tampoco existe un régimen jurídico único sobre intereses. Las disposiciones se encuentran dispersas en una miríada de normas de diferentes jerarquías, alcances y temas. Consecuentemente, están apareciendo, con más regularidad y temeridad, empresas con esquemas piramidales en los que la gente entrega dinero para recibir apartamentos, autos o dinero con posterioridad. Las empresas financieras arriesgan el dinero de sus clientes. Si el negocio sale bien, no hay problema. Pero si sale mal, el consumidor pierde su dinero. Estas empresas van saltando de boom en boom a velocidad.
Las leyes que rigen actualmente a los bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas y asociaciones de ahorro (subsectores de intermediación financiera) obedecieron a un criterio de regulación del gremio o profesión que garantizaba el ejercicio de la respectiva actividad. Pero la mayoría de estas normas no han sido cambiadas para adecuarse al principio de libertad económica que se ha implementado en el comercio internacional, ni con el de libre competencia que se promueve a nivel nacional. Era la época de la sustitución de importaciones –en el comercio internacional– y de la competencia "sana" o "leal", en el comercio nacional. Pero además, cada subsector financiero se ha desarrollado según la relevancia otorgada por cada gobierno a cada gremio o profesión. El desarrollo de cada subsector ha sido dirigido en forma específica de acuerdo a las necesidades de ese subsector.
Esta realidad, que se repite en otras esferas, se ha convertido en el nudo gordiano que obstaculiza la conformación de mercados, como el financiero. Con el advenimiento de un sistema económico de mercado con libre competencia y apertura al comercio internacional sin barreras arancelarias, muchas instituciones jurídicas no se han adecuado.
Corregir ambas carencias: crear un nuevo cuerpo legal que se oriente hacia mercados (sectores y subsectores) y no hacia la regulación de los gremios o profesiones, y la consolidación de responsabilidades en un solo organismo que supervise las actividades financieras, permitiría una intermediación dineraria eficiente y la vigilancia consolidada o particular de cada subsector. Habría mercados y no negocios.
Para esto último se debe crear una superintendencia del sector financiero a la que se incorporen la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Seguros, la Dirección de Financieras del Mici y la Comisión Nacional de Valores. Exactamente lo que se ha hecho con la Autoridad Marítima y que se debe hacer también con la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). Esta última supuestamente extinta, pero que por necesidad existe en el MEF con otro nombre, aun cuando disminuida a solo vender áreas revertidas. Sin análisis de dónde colocar la nueva cementera, el oleoducto, edificios altos, etc... Irónicamente en el Ministerio de Planificación, pero sin aplicar planificación.
Con una acción de política pública, un gobierno desarrolla o promueve un subsector. Pero desafortunadamente en Panamá esa decisión no forma parte de una planificación. La falta de una supervisión pública integral y de un ordenamiento jurídico adecuado de los diferentes subsectores facilita el desarrollo anormal de ese subsector escogido, ya que, después del empuje inicial, el Estado se desentiende. Esto produce consecuencias negativas a corto y largo plazo, porque puede darse un crecimiento desbocado (lo que ha sucedido con la industria de juegos de azar, por ejemplo). La economía no se desarrolla en forma natural. Y con el tiempo se desequilibra. No hay cadenas que permitan a los sectores fuertes de la economía arrastrar a un subsector en estancamiento, y tampoco hay tubos que arrastren el crecimiento de un subsector con respecto al resto de la economía. Esa desvinculación desarticula el crecimiento de la economía porque algunos de sus componentes crecen desproporcionadamente y condicionan todo el desarrollo en su entorno. Igual que lo hace la sombra de un árbol.
Esa ha sido la historia del sector de la construcción "con relación a" la ciudad capital (falta de: vías públicas, transporte público, aguas públicas y espacios públicos); la historia del sector servicios (Canal, transporte, telefonía, energía, bancos, aseguradoras) "con relación a" la República de Panamá (leyes redactadas por ellos mismos). Y no ha sido la del sector agropecuario panameño (interiorano), allí, donde reside la pobreza.
La caracterización de la economía panameña como una economía "dual", dando a entender que existen dos economías (reporte No. 13977-PAN del Banco Mundial de 1995) es una ficción que desenfoca. La economía de un país es una. Compuesta de diferentes sectores, eso sí. Caracterizarla como: "de negocios" es más acertado y explicativo.
