La rebelión de la policía ecuatoriana contra el presidente Rafael Correa desencadenó una respuesta regional inédita. En 24 horas, la mayoría de los presidentes de los 12 miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acudió a una reunión extraordinaria en Buenos Aires para condenar la asonada en Quito. Solo faltaron el brasileño Lula da Silva (por las elecciones en su país) y el paraguayo Fernando Lugo, por razones de salud. Casi al mismo tiempo, los ministros de Exteriores volaron a Quito para arropar a Correa.
Como si el éxito de la convocatoria fuera poco, la cumbre aprobó medidas concretas para abortar un golpe de Estado en la región, como el cierre de fronteras (como hicieron Colombia y Perú el día de la asonada) y la suspensión del tráfico aéreo, del comercio, del suministro de energía y los servicios.
Las medidas serán recogidas en una cláusula democrática que se incorporará a los estatutos de Unasur.
El respaldo de Unasur tuvo mucha más repercusión pública en Quito que la reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que el secretario general de la ONU, el chileno José Miguel Insulza, llamó de inmediato a Correa y viajó a Quito, y que el Consejo Permanente de la organización condenó la sublevación, los actos quedaron solapados por la imagen de los líderes de Unasur, todos en fila, advirtiendo a los rebeldes que si se metían con Correa se las verían con todos ellos.
La crisis demostró que ambos organismos han aprendido la lección del golpe de Honduras de junio de 2009. Pero mientras Unasur ha ganado fuerza, la OEA sigue siendo vista en la región como un brazo diplomático de Washington. “Unasur es eficaz, pero su propia existencia aún depende mucho de los presidentes que la han creado: Lula, Chávez, Kirchner, Morales y el propio Correa. El bloque tiene mucho que demostrar para consagrarse como defensor de la democracia latinoamericana”, opina José Ayala Lasso, tres veces ministro de Exteriores de Ecuador.