La percepción de seguridad en un país se siente de diferentes maneras, una de las principales es la ley y el orden en el tránsito. Desde hace muchos años vemos cómo el parque automotor de Panamá crece al mismo ritmo que la anarquía y el desorden en las calles. Si la población percibe que no hay orden, también percibirá que no hay autoridad en la Policía Nacional, en Migración, en la Dirección de Investigación Judicial, etc.
Lo primero que debemos hacer es establecer, con claridad, la diferencia entre las diferentes autoridades que tienen que ver con el orden en las calles: Policía de Tránsito, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ministerio de Obras Públicas y Municipio.
Creo que la Policía de Tránsito debe dedicarse a ser el brazo que castiga a los infractores cuando incurren en velocidad excesiva, alcoholemia, manejo desordenado, etc. La ATTT no debe hacer lo mismo que la Policía de Tránsito. Esta autoridad debe verificar que los automóviles que circulen en las calles estén en buenas condiciones (luces, escapes, vidrios y retrovisores) y tengan el revisado al día. Esto debe incluir al transporte público y privado.
El Municipio, por su parte, debe ser el ente que imponga las sanciones o boletas a los conductores que estacionan mal los vehículos y que regule el tema de los estacionamientos públicos.
Algo que he observado en los últimos años es el desorden en el uso del papel ahumado en los automóviles. El tono debe regularse y prohibir su uso en el vidrio frontal, porque esto además de reducir la visibilidad en un 30%, o más, se presta para que los delincuentes le den seguimiento a sus víctimas e imposibilita la labor de la Policía, de los vecinos vigilantes, etc. En muchos países se prohíbe, por completo, la instalación de papeles oscuros, en cambio en Panamá se abusa de esto.
Por otra parte, vemos vehículos que circulan sin placa y en otros casos aparecen cubiertas con un acrílico oscuro. Además, desconozco la razón por la que los autos del Servicio de Protección Institucional (SPI) circulan sin matrícula, pero esto no ocurre ni siquiera en los países que tienen graves problemas de seguridad, en cambio aquí se presta para que cualquier delincuente alquile un auto igual al que ellos utilizan, le retire la placa, cometa una fechoría y no sea detectado. La reglas entran por casa. Señores del SPI, póngale placa a todos sus automóviles, si no lo hacen por algún tema de seguridad, manden a hacer una exclusiva para ustedes, pero paren esto, al igual que el uso indiscriminado de las luces de escolta. También les sugiero retirar el papel ahumado del vidrio frontal de sus vehículos, porque la regla debe de ser igual para todos.
Otro tema relacionado con la seguridad es el de los teléfonos celulares. Es cierto que su uso mejoró la calidad de vida de los panameños, pero también creó una forma nueva de delinquir, extorsionar y secuestrar, orquestada desde las cárceles, etc. Además, leo cómo las autoridades se quejan del exceso de llamadas falsas a los números de emergencia. En muchos otros países para que usted pueda activar un celular, ya sea pospago o prepago tiene que suministrar copia de su cédula, permiso de residencia o, en caso de ser turista, pasaporte con sello de entrada vigente y lugar de estadía u hotel. Ese trámite se hace en minutos o en un par de horas. Sin embargo, aquí cualquiera compra un chip de celular sin dar ningún tipo de identificación. Para evitar esto solo hay que corregir un error mediante una norma que implementó el gobierno pasado, lo que reduciría las llamadas falsas a los bomberos, a la Policía, etcétera, y además permitiría penalizar al que preste su nombre para cometer un delito.
Con respecto al bloqueo de celulares en las cárceles, en vez de gastarse millones de dólares comprando bloqueadores, deben aprobar una ley –como se ha hecho en otros países– que le prohíbe a las compañías instalar torres que emitan más de cierta intensidad de señal o bloqueándola del todo cerca de los principales centros penitenciarios.
Creo que el sistema de corregidurías está obsoleto y debe integrarse al sistema de justicia, porque los delincuentes saben que si roban hasta cierto monto solo serán multados en dichas corregidurías y que no pasarán más de dos horas detenidos, por eso se vuelven reincidentes. Además, es poco probable que estas infracciones aparezca en su récord policivo, con lo que estamos creando a un futuro delincuente mayor. Todo delito, por menor que sea, debe registrarse en el récord policivo y ser severamente castigado, solo así evitaremos que esa persona se convierta en un delincuente mayor.
Para finalizar, pregunto: ¿Qué harán las autoridades con aquellos beneficiados por el programa Crisol de Razas que delinquen? Considero que deberían ser deportados de inmediato y prohibirle, de forma indefinida, su reingreso al país. Si no les queremos poner visa a nuestros vecinos, ¿qué tal pedirles el récord policivo de su país, antes de que la agencia de viaje les pueda emitir un boleto?
Todos somos parte de la solución. @ashoknandwani
